Videovigilancia: Avalado el despido disciplinario de un trabajador por consumir indebidamente productos de la empresa, aportando como prueba las imágenes de las cámaras

Las imágenes de las cámaras de videovigilancia para justificar un despido. El TSJ acaba de avalar el despido disciplinario de un trabajador por apropiarse indebidamente de mercancías (productos alimenticios) de la empresa y de los clientes para su consumo particular. La empresa aportó como prueba las imágenes de las cámaras de videovigilancia (sentencia del TSJ de Cataluña de 8 de enero 2019).

Además, recuerda el TSJ que aunque las consumiciones efectuadas sean de un importe pequeño, implican la pérdida de confianza en virtud de la defraudación efectuada a la buena fe, de modo que conlleva para la empresa la ruptura de ésta y en consecuencia fundamente la decisión de despido disciplinario.

El caso concreto enjuiciado

En fecha 18-1-18 una compañía comunicó el despido disciplinario, con efectos del mismo día, en base al artículo 54.2.b ) y d) del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 54.3 y 55.2 y 13 del Convenio Colectivo de Grandes Almacenes.

En dicha carta se le atribuye una falta muy grave al haberse apropiado indebidamente de mercancías de la empresa y del cliente para su consumo particular, y haber vulnerado la normativa interna de ámbito higiénicosanitario, la prevista en el capítulo IV de la normativa interna y la circular de 25-2-15.

Los hechos fueron cometidos en concreto los días 29 y 30 de diciembre de 2.017 y los días 2, 4, 5 y 13 de enero de 2.018, tal y como consta en las imágenes obtenidas por la cámara de videovigilancia. Junto con la carta se entregó la liquidación de 2.900,63 euros.

La sentencia del TSJ

Tanto el Juzgado de lo Social como el TSJ declaran la procedencia del despido por entender acreditado que se había apropiado indebidamente de mercancías de la empresa y del cliente para su consumo particular, y haber vulnerado la normativa interna de ámbito higiénicosanitario.

En primera instancia, el JS sentenció que especialmente debe entenderse como una prueba válida la obtenida mediante la instalación de cámara de videovigilancia en el obrador, en que el trabajador prestaba sus servicios.

Y la prueba es válida puesto que previo a su instalación, se había advertido de la instalación de cámaras tanto al Comité de Empresa como directamente a los trabajadores, y mediante la intranet de la empresa así como con advertencias generales instaladas a la entrada y salida de la empresa.

En su sentencia, el TSJ recuerda que el Tribunal Constitucional en su sentencia 39/2016 de 3 marzo, ha entendido en un supuesto en que no constaba tal información personal, que era suficiente la constancia de la advertencia en un lugar público del centro de trabajo.

Ahora bien, el TC ha argumentado que “aunque no se requiere el consentimiento expreso de los trabajadores para adoptar esta medida de vigilancia que implica el tratamiento de datos, persiste el deber de información del art. 5 LOPD” .

Por otra parte, razona el TSJ, que existe una facultad general de control prevista en la ley que legitima el control empresarial del cumplimiento por los trabajadores de sus tareas profesionales (STC 170/2013, de 7 de octubre; STEDH de 12 de enero de 2016 , caso Barbulescu v.Rumania), sin perjuicio de que serán las circunstancias de cada caso las que finalmente determinen si dicha fiscalización llevada a cabo por la empresa ha generado o no la vulneración del derecho fundamental en juego.

Y en este caso, ha quedado demostrado que el trabajador conocía que en la empresa se había instalado un sistema de control por videovigilancia.

Además, ha quedado acreditado que la empresa demandada tiene a disposición de todo el personal a través del S.I.E. (sistema de información de empresa), toda la normativa comercial de la empresa, y la circular general de la existencia del circuito de sistemas de grabación en las zonas de trabajo.

A esto se suma que en las puertas de acceso al centro, ya sea vía peatonal ya sea vía parking, existen carteles indicativos de zonas de videovigilancia. Finalmente, para concluir, “ante la existencia de irregularidades en el inventario, la empresa demandada colocó una cámara de videovigilancia en el obrador”.

Razona el TSJ que ha quedado acreditado el incumplimiento del trabajador no sólo por el visionado de la grabación de los diferentes días que se le imputan, sino también por la testifical de los dos testigos que señala.

Así, se indica que puede verse al actor consumiendo jamón de forma indiscriminada, llegando incluso a colocar un paquete de jamón cortado junto a la máquina de envasar para ir consumiéndolo durante su jornada de trabajo a las diferentes horas, o incluso mientras envasa embutido al vacío va cogiendo trozos de jamón y se los come, o entrando al obrador con el único propósito de comérselo de los que tiene en el paquete, o comiendo la medida que lo va cortando.

Por otra parte los testigos manifestaron que el día en que se le hizo entrega al empleado de la carta de despido, éste reconoció que conocía la normativa de la empresa y la prohibición de consumir productos, así como que había consumido los alimentos.

Concluye el TSJ dejando claro que aunque las consumiciones efectuadas sean de un importe pequeño, implican la pérdida de confianza en virtud de la defraudación efectuada a la buena fe, de modo que conlleva para la empresa la ruptura de ésta y en consecuencia fundamente la decisión de despido disciplinario.

Ha de tenerse en cuenta, razona la sentencia, que el trabajador tenía a su disposición los productos consumidos y no ha de exigirse a la empresa un control constante y exhaustivo de la actitud del trabajador, con una vigilancia que pone en juego recursos y dedicación que no pueden ser exigidos, a fin de asegurarse de que el trabajador cumple con sus obligaciones.

Por tanto, una vez comprobado de forma indudable que la buena fe es violada de forma reiterada en diversos días en que el control se hizo, la empresa puede legítimamente entender que la relación de confianza se ha roto, con justificación de la extinción del contrato. Por todo ello, el TSJ ratifica la declaración de procedencia del despido.