Un diagnóstico de situación realizado antes de entrar en vigor el RDL 6/2019 no invalida el Plan de Igualdad
Planes de Igualdad: La entrada en vigor del RDL 6/2019, de 1 de marzo no supone la nulidad del plan de igualdad firmado con posterioridad, por el hecho de que el diagnóstico de situación fuese anterior.
Así lo acaba de sentenciar el Tribunal Supremo en una sentencia en la que descarta la declaración de nulidad pedida por un sindicato (Sentencia del TS de 1 de junio de 2021).
El sindicato solicitaba la nulidad del Plan de Igualdad firmado en fecha 31 de mayo de 2019, al haberse declarado por la empresa el cierre de las negociaciones sin acuerdo el día 20 de marzo de 2019.
Entendía el sindicato que debía haberse constituido una nueva mesa negociadora, así mismo por vulneración por parte de la empresa del art. 46.2 LOI al no haberse realizado un nuevo diagnóstico negociado con la representación legal de los trabajadores, conforme al RDL 6/2019.
El caso concreto enjuiciado
Se dirime si debe declararse la nulidad del plan de igualdad firmado por la empresa codemandada y los sindicatos USO, CCOO y UGT, en fecha 4 de junio de 2019.
Más en concreto, si dicho plan de igualdad debe entenderse contrario a derecho por no haberse elaborado un
nuevo diagnóstico de la situación con arreglo a lo dispuesto en el RD Ley 6/2019, de 1 de marzo, que modifica
el art. 46 de la LO3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre (LOI).
Las demandadas de conflicto colectivo interpuestas por los sindicatos CSIF y CGT fueron desestimadas por la
sentencia de la Audiencia Nacional de 12/11/2019, asunto 195/2019.
La sentencia del Supremo
El TS desestima el recurso interpuesto por el sindicato y ratifica la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró la validez del Plan de Igualdad.
Razona el TS que ha quedado acreditado que la empresa presentó a la comisión negociadora el 29 de enero de 2019 un diagnóstico de situación actualizado en esa fecha, cuya elaboración encarga a una consultora externa, respecto al que no se discute que cumple con las exigencias legales vigentes en aquel momento.
Dicho diagnóstico se aporta con mucha antelación a la conclusión del proceso negociador y son varias las
reuniones con la comisión negociadora que se celebran con posterioridad.
Por tanto, determina el TS, no hay duda alguna de que debe considerarse como un diagnóstico negociado, desde el momento en el que esas ulteriores reuniones todas las partes dispusieron de la posibilidad de poner de manifiesto sus objeciones y alegaciones al respecto, siendo de hecho ratificado con la firma del acuerdo sobre el plan de igualdad finalmente alcanzado con la RLT.
A esto se suma, razona el Supremo, que tras la entrada en vigor del RDL 6/2019, ninguno de los sindicatos demandantes alegó en las posteriores reuniones la posible existencia de un déficit en los datos y en la información necesaria para elaborar el diagnóstico en relación con las materias enumeradas en el art. 46.2 LOI.
Tampoco se han concretado estas alegaciones en la propia demanda, y ni tan siquiera en el escrito de recurso, al punto de que en ningún momento se identifican cuáles son los datos y la posible información que la empresa pudiere no haber ofrecido y resulte relevante para la validez del diagnóstico.
Además, el propio RDL 6/2019, siendo plenamente consciente de la existencia de procesos de negociación de planes de igualdad que pudieren estar abiertos en la fecha de su entrada en vigor, no incorpora ninguna norma transitoria respecto a los diagnósticos de situación que pudieren haberse negociado conforme a la legislación anterior.
Es más, el RDL señala que reglamentariamente se desarrollará esta materia en el futuro, sin imponer por lo tanto la ineficacia de los que pudieren haberse elaborado hasta la fecha y cumplieren con los requisitos anteriormente exigibles.
No hay en ese RDL ninguna previsión de la que se desprenda su aplicación retroactiva, mientras que, en sentido
contrario, se remite a la elaboración de un ulterior reglamento.
En definitiva, no cabe declarar la nulidad de un plan de igualdad que ha sido negociado y pactado con la RLT, con base a la supuesta ineficacia jurídica de un diagnóstico de situación que se elaboró conforme a la normativa legal existente en su momento.
