El TSJ de Aragón sentencia que si la empresa no hizo un ERTE no se aplica la "prohibición" de despedir
Interesante sentencia del TSJ de Aragón en la que ratifica la declaración de procedencia de un despido objetivo y determina que, al no haberse acogido la empresa a la figura de los ERTE, no aplica la “prohibición” de despedir.
En su sentencia (TSJ de Aragón de 15 de febrero de 2021) entiende que el acogerse a una de las medidas previstas en los arts. 22 y 23 del RDLey 8/2020 (ERTE FM o ETOP) era es potestativo por parte de la empresa, no obligado.
Naturalmente, si se decide por hacerlo, el régimen aplicable será el marcado con tal fin (incluyendo el art. 2 del RDLey 8/2020, que regula la “prohibición” de despidos), pero ese régimen no se aplicará si la empresa no se ha acogida a las previsiones de ninguno de los preceptos, puesto que no es obligatorio.
El caso concreto enjuiciado
Mediante carta de fecha 08/05/2020 la empresa comunicó a un trabajador su despido, con efectos de 22/05/2020, alegando lo establecido en el art. 52.c), por concurrir causas objetivas y motivos de tipo organizativo, productivo y económico.
La empresa tiene menos de 25 trabajadores. El trabajador no ostenta ni ha ostentado en el año anterior la condición de representante legal de los trabajadores, ni cargo sindical.
La empresa aporta los resultados delos tres últimos trimestres previos a la fecha del despido (cuenta de pérdidas y ganancias).
En el año 2019 existe un resultado final de pérdidas de 94.491,67 euros.
En el año 2020 se han contratado a cuatro trabajadores mediante contratos de carácter temporal.
El 29/06/2020 y el 17/08/2020 se contrató a dos operarios de taller grupo profesional 1 para la realización de
la obra o servicio muro y pantallas tematización.
El 02/06/2020 se contrató a dos operarios taller grupo profesional 1 para la realización de obra consistente en dispensadores de gel hidroalcohólico.
A principios de 2020 se contrató a un economista.
El volumen de facturación de los cinco principales clientes en el año 2018 fue de 1.948.977 euros;
en el año 2019 se redujo a 1.511.831 euros.
Se solicitó un ERTE el 25/03/2020, del cual se desistió el 31/03/2020 por cuanto se declaró mediante
certificado de fecha 30/03/2020 que la actividad de fabricación de pantallas 3D constituía servicios esenciales.
A raíz de esta declaración, la empresa estuvo produciendo estas pantallas que se distribuyeron para protección
de sanitarios y otras personas y colectivos de riesgo.
El trabajador recurre su despido
La sentencia del TSJ
El TSJ desestima el recurso del trabajador y ratifica la declaración de procedencia del despido.
Sobre la existencia de la causa que justifica el despido, entiende el TSJ que ha quedado acreditada.
Alude a la STS/4ª de 28 junio 2016 (rcud. 354/2015 ) (RJ 2016, 4067) (aunque en aquel caso la norma aplicable era la anterior a la indicada reforma de la Ley 3/2012 (RCL 2012, 945).
No obstante, la situación de disminución de ingresos en cómputo trimestral era obviamente coincidente y, por tanto, encajaba igualmente en la redacción del precepto luego modificado.
La decisión de esta sentencia, razona el TSJ, es aplicable al caso presente, dado que la disminución de los ingresos durante los dos últimos trimestres de 2019 y primero del 2020 respecto a los mismos períodos de los años 2018 y 2019 es real y relevante, lo que evidencia la concurrencia de causa económica del art. 52 c) ET.
Y en cuanto a la contratación del economista por parte de la empresa, recuerda el TSJ que conforme a la jurisprudencia del TS, no cabe que los órganos judiciales cuestionen la oportunidad en términos de gestión empresarial de las medidas adoptadas por la empresa ante una situación de crisis.
Esto, razona el TSJ, nos lleva a rechazar la idea de recurso según la cual, en lugar de proceder a la contratación de un economista, la empresa debía haber externalizado sus servicios contables y financieros.
Y en cuanto a la supuesta aplicación del art. 2 del RDLey 9/2020 (la “prohibición” de despedir), entiende el TSJ que no aplica en este caso.
Se reprocha a la empresa por parte de la defensa del trabajador que, teniendo el origen de su crisis en la situación de pandemia por coronavirus, no tramitara un ERTE, en cuyo caso se hubiera visto afectada por la cláusula de salvaguarda de empleo establecida en el art. 2 del RDL 9/20.
Frente a este planteamiento se aprecia que la crisis de la empresa es previa a la declaración del estado de alarma y, de hecho, las pérdidas que se invocan a efectos de acreditar la causa económica del despido son anteriores al 12/03/20, salvo escasos días.
En todo caso, deja claro el TSJ, resulta evidente que el acogerse a una de las medidas previstas en art. 22 y 23 del RDLey 8/2020 (ERTE FM y ERTE ETOP) es potestativo por parte de la empresa, no obligado.
Naturalmente, si se decide por hacerlo, el régimen aplicable será el marcado con tal fin, pero ese régimen no se aplicará si la empresa no se ha acogido a las previsiones de ninguno de estos preceptos, ya que no es obligatorio.
Recordemos en este punto, razona el TSJ, cuanto manifiesta la STS de 17 de julio de 2014 (Recurso: 32/2014):
“… el empresario es elque debe decidir soberanamente si procede acudir a medidas extintivas [ERE] o meramente
suspensivas [ERTE].
Aunque una racional interpretación sistemática de ambos preceptos induce a concluir que en principio los ERE deben tener génesis en causas estructurales y los ERTE han de hallarla en las coyunturales, en todo caso resulta claro que corresponde a la exclusiva gestión empresarial decidir si está en presencia de una situación meramente coyuntural o si para ella ya es estructural.
