Despidos por Covid-19: Un JS de Oviedo declara nulo un despido en virtud del "prohibido despedir" (art. 2 RD-Ley 9/2020)
Despidos por Covid-19: Seguimos con sentencias dispares sobre la calificación que deben merecer los despidos conforme a lo dispuesto en el art. 2 del RD-Ley 9/2020 (el llamado “prohibido despedir”.
Recordamos que el RDL 9/2020 que entró en vigor el día 27-03-20, establece en su artículo 2:
” La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”.
Como ya hemos explicado en El Blog de SincroGO, existen sentencias muy dispares sobre la calificación de estos despidos (nulidad, improcedencia e improcedencia con indemnización disuasoria).
Hoy analizamos la sentencia del JS nº 6 de Oviedo de 22 de octubre de 2020 que determina que el despido objetivo de un trabajador debe ser declarado nulo conforme a lo dispuesto en el art. 2 del RD-Ley 9/2020.
El caso concreto enjuiciado
La empresa solicitó con fecha 22-03-20 un ERTE que afectaría a tres trabajadores, entre ellos la
trabajadora. Fue autorizado por Resolución de la Consejería de Industria de Asturias de fecha 06-04-20 por causa de fuerza mayor, el cual se extendería durante la vigencia del Estado de Alarma.
El 27-03-20 le fue entregada a la trabajadora una comunicación del siguiente tenor literal:
“A través de la presente se le comunica que la Dirección de la Empresa (…) ha decidido proceder a la extinción de su contrato de trabajo por causas objetivas, al amparo de establecido en el artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, teniendo efectos dicha extinción el día 11 de abril de 2020.
Esta decisión empresarial se fundamenta en la causa económica prevista en el artículo 51 del ET y que se fundamenta en el cierre de negocio que ocasiona la cesación en la prestación de servicios ocasionada por fuerza mayor derivada de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y publicado por el gobierno por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo.
Ante esta situación y la imposibilidad de seguir prestando los servicios que constituyen el objeto social de esta empresa, nos vemos obligados a rescindir su relación laboral con fecha 11 de abril de 2020.
(…)
Impugna la demandante el despido del que fue objeto, con base en que el RDL 9/2020 prohíbe el despido
fundamentado en causas objetivas derivadas del COVID-19.
Por otra parte considera que dado que a la demandante se la incluyó en el ERTE y así le fue comunicado, pocos días después recibió la comunicación del despido, lo que entiende constituye una infracción del principio constitucional de no discriminación, por lo que solicita una indemnización adicional de 6.251 €.
La sentencia
El JS declara la nulidad del despido en base a lo dispuesto en el art. 2 del RD-Ley 9/2020.
En el presente caso, el despido se comunicó a la actora el mismo día 27 de marzo y con efectos desde el 11-04-20.
Por tanto, razona el JS, en el día de la comunicación como en el día del despido, estaba vigente la prohibición del despido por causas objetivas; y el fundamento del despido fue única y exclusivamente la obligada suspensión de la actividad empresarial como consecuencia del COVID-19.
Por ello, resulta inútil alegar en este momento circunstancias adicionales como la concurrencia de las causas económicas que obligaron a tomar tal decisión, las que en todo caso quedaron incluidas en la prohibición del despido.
En consecuencia, concluye el JS, no cabe sino declarar la nulidad del despido del que fue objeto la trabajadora ya que no otra consecuencia puede conllevar la infracción de la prohibición establecida.
Entiende el JS que de considerarse improcedente el despido en ese caso, la relación laboral podría extinguirse unilateralmente por voluntad empresarial en virtud del derecho de opción, con lo cual la prohibición quedaría en una mera declaración de intenciones.
Nuestra valoración
Como ya advertimos en El Blog de Sincro desde que entró en vigor el RD-Ley 9/2020, la interpretación del art. 2 iba a ser fuente de conflicto en los tribunales, con posibles pronunciamientos dispares (como así está sucediendo).
En nuestra opinión, y como hemos venido manteniendo (y aunque pensamos que es una cuestión que terminará en el Tribunal Supremo y, evidentemente, un tribunal tiene la última palabra), estos despidos deberían declararse improcedentes, pero no nulos.
Hay que tener en cuenta que el TS ha venido determinando que el despido sin causa (o aunque ésta no esté justificada) debería declararse improcedente, pero no nulo (a salvo de supuestos blindados, como por ejemplo, la reducción de jornada por guarda legal, donde no cabe la declaración de improcedencia).
El Tribunal Supremo, en su sentencia de 5 de mayo de 2015 (en la que realiza un amplio repaso sobre la declaración de improcedencia en caso de despido sin causa) señala expresamente lo siguiente:
Esta línea jurisprudencial sobre la carencia de “apoyo o refrendo legal” de la nulidad del despido fraudulento se inicia en STS 2- 11-1993 (rec. 3669/1992 ) y continúa en STS 19-1-1994 (rec. 3400/1992 ), STS 23-5-1996 (rec. 2369/1995 ) y 30-12-1997 (rec. 1649/1997 ).
“Cuando no hay causa legal para la extinción del contrato de trabajo y la causa real no se encuentra entre las tipificadas como determinantes de la nulidad del despido -concluye STS 29-2- 2001- la calificación aplicable es la de improcedencia” del despido, y no la de nulidad del mismo.
En todo caso, la existencia de estos pronunciamientos judiciales dispares genera una gran inseguridad jurídica, perjudicial tanto para las empresas como para los trabajadores.
