Tribunal Supremo y contrato de interinidad: analizamos la sentencia que determina que no procede abonar indemnización por extinción de este contrato
Como ya informamos en nuestras redes sociales, el Tribunal Supremo acaba de sentenciar (sentencia del TS de 13 de marzo de 2019) que no procede indemnización por extinción del contrato de interinidad. Ahora, analizamos en nuestro blog la sentencia (cuenta con un voto particular de dos magistrados).
Antecedentes
En esta sentencia, el Tribunal Supremo aplica los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21-11-2018, Asunto De Diego Porras II (C-619/17), dictada como consecuencia de cuestión prejudicial elevada por la propia Sala Cuarta, a fin de precisar el alcance de una sentencia anterior del mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE de 14 de septiembre de 2016, as. De Diego Porras I) (C-596/14).
El Tribunal Supremo señala que el TJUE en la segunda de sus sentencias respecto del mismo asunto reconduce la cuestión y tras haber sugerido lo contrario en la primera sentencia, más tarde en la segunda de ellas niega que sea contraria a la Directiva Comunitaria sobre discriminación de contratados temporales la norma de derecho interno español.
La normativa española no aplica indemnización alguna en caso de vencimiento regular del contrato de interinidad por sustitución de otro trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo, cuando el contratado interino cesa por reincorporación del trabajador sustituido y por ello el así cesado no tiene derecho a la indemnización que se otorga a los despidos por causas objetivas (veinte días de indemnización por año de antigüedad).
La sentencia del TS
El Tribunal Supremo justifica su fallo (no es discriminatorio no abonar indemnización por extinción del contrato de interinidad (salvo que el contrato se hubiera celebrado en fraude de ley) en los siguientes argumentos:
1. Aunque “a priori” pudiera parecer exenta de justificación la diferencia entre unos y otros trabajadores temporales (indemnización de 12 días de salario por año trabajado en los contratos eventuales o por obra o servicio, pero no en el de interinidad), lo cierto es que la distinta solución de nuestra norma legal obedece a la voluntad del legislador de destacar una situación no idéntica a las otras dos modalidades contractuales.
Esto es así, entiende el Supremo, puesto que en el caso de la interinidad por sustitución el puesto de trabajo está cubierto por otro/a trabajador/a con derecho a reserva de trabajo.
Además, dicho puesto no desaparece con el cese de la trabajador/a interino/a y el recurso a la temporalidad halla su motivación en esa concreta y peculiar característica que, a su vez, implica un modo de garantizar el derecho al trabajo de la persona sustituida (art. 35.1 CE). Nada de ello concurre en las otras modalidades del art. 15.1 ET.
2. El estímulo que para la empresa pudiera suponer el ahorro de la indemnización de 12 días mediante la prórroga del contrato temporal o a la conversión en fijo, no tiene aquí sentido puesto que el empleo permanece en todo caso al ser cubierto por la persona sustituida al reincorporarse.
3. No hay base por la que quepa otorgar indemnización alguna por el cese regular del contrato de interinidad (ni la calculada según los 20 días del despido objetivo, ni tampoco con arreglo a los 12 días que el art. 49.1 c) ET fija para los contratos para obra o servicio y acumulación de tareas.
4. A la vista de la respuesta del TJUE, no parece que pueda entenderse que la fijación de la indemnización constituya una medida acorde con la finalidad que deben garantizar aquéllas a adoptar con arreglo a la indicada cláusula 5 de la Directiva.
Ciertamente, razona el Supremo, la mera imposición de una indemnización, como la establecida para los otros contratos temporales, no sólo no constituye una sanción por el uso abusivo, sino que ni siquiera posee, por sí sola, el efecto disuasivo frente a esa utilización abusiva de la contratación temporal en tanto que la misma, precisamente por partir de la regularidad de estos contratos, se configura como una indemnización inferior a la que se reconocería al contrato temporal fraudulento.
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