Tribunal Supremo: Salarios de tramitación cuando se acumulan las acciones por despido disciplinario y extinción de contrato (vía art. 50 del ET)
El Tribunal Supremo se acaba de pronunciar en una sentencia muy reciente sobre el alcance de los salarios de tramitación cuando se acumulan las acciones por despido disciplinario y la de extinción del contrato por la vía del art. 50 del ET (sentencia del TS de 19 de diciembre de 2018).
En su sentencia, el TS avala el criterio del TSJ del País Vasco que determinó en su sentencia que en estos supuestos de acumulación de acciones es necesario acomodar los efectos de la declaración de improcedencia del despido al previo pronunciamiento estimatorio de la acción resolutoria con el alcance temporal correspondiente. Eso determina que al empresario no se le concede la opción general, y se le condena al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de la sentencia, ya que es la única manera de respetar el pronunciamiento previo y no incurrir en contradicción.
El caso concreto enjuiciado
Un trabajador es contratado como Oficial 1ª por una compañía (CP) en septiembre de 2004 y tiene un salario día de 51,23 euros. Posteriormente, presta servicios de manera indistinta para su empleadora inicial y para otra SL (PV). Durante los tres últimos años ha venido percibiendo su retribución con retrasos de diversa índole.
El 6 de septiembre de 2013 el trabajador presenta papeleta de conciliación por extinción (art. 50 ET) y cantidad. El 29 de octubre de 2013, la empresa comunica una amonestación al trabajador. El 20 de marzo de 2014 la empresa amonesta nuevamente al trabajador y finalmente, el día 14 de abril de 2014 el trabajador recibe carta de despido disciplinario (alegando como causa el hurto), impugnado mediante demanda el 6 de mayo siguiente.
Con fecha 5 de octubre de 2015 el Juzgado de lo Social de Bilbao dicta sentencia poniendo fin a las demandas acumuladas por extinción causal y despido improcedente. La sentencia estima las dos demandas interpuestas por el trabajador:
1) Declara la improcedencia del despido.
2) Considera concurrente la causa extintiva del art. 50.1.b) ET
3) Condena solidariamente a las dos empresas demandadas a abonar la indemnización de 23.295,02€ (computando el periodo de devengo hasta la fecha de la sentencia).
4) Condena solidariamente a las dos empresas al abono de los salarios de tramitación desde la fecha del despido (14 abril 2014) hasta la fecha de la sentencia (5 octubre 2015).
Disconforme con la condena al pago de salarios de tramitación (27.664,2 euros, según la propia empresa), CP interpone recurso de suplicación. Considera vulnerados los artículos 56.3 ET , 32 y 110 LRJS , al tiempo que invoca la doctrina sentada en la STSJ Andalucía (Granada) 16 julio 2015 (rec. 1616/2015 ).
La STSJ País Vasco 2196/2016 de 8 noviembre, ahora recurrida ante el Spuremo, desestima el recurso interpuesto y confirma en su integridad la sentencia del Juzgado.
Razona el TSJ que en estos supuestos de acumulación de acciones es necesario acomodar los efectos de la declaración de improcedencia del despido al previo pronunciamiento estimatorio de la acción resolutoria con el alcance temporal correspondiente. Eso determina que al empresario no se le concede la opción general, y se le condena al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la de la sentencia, que es la única manera de respetar el pronunciamiento previo y no incurrir en contradicción.
La sentencia del Supremo
Con fecha 20 de febrero de 2017 la empresa formaliza recurso de casación para la unificación de doctrina, con el mismo objeto que el desestimado de suplicación.
La empresa entendía que que no cabe imponer la obligación de abonar salarios de tramitación cuando el ET restringe ese supuesto a los casos de readmisión. Y en este caso, razonaba la defensa de la empresa, no cabe optar por la readmisión puesto que el trabajador ha instado la extinción de su contrato. Consideraba la empresa que los claros términos del art. 56.2 ET y las exigencias de la seguridad jurídica avalan la tesis acogida en la sentencia de contraste (STSJ Andalucía (Granada) de 16 de julio de 2015).
El TS no comparte la opinión de la empresa y ratifica la sentencia dictada por el TSJ del País Vasco. Respecto a la sentencia aportada (TJS de Andalucía de 16 de julio de 2015), entiende el Supremo que aunque existen similitudes, son en realidad casos diferentes.
En ese caso (sentencia de Andalucía) el trabajador fue despedido por causas objetivas (1 febrero 2012), sobre la base de una situación económica negativa; tras ser declarado improcedente ese despido, la empresa lo readmite pero empieza a pagar con retraso y le rebaja el salario al de convenio. Esta última decisión es anulada por el Juzgado de lo Social.
Luego el trabajador (19 julio 2013) insta la extinción causal de su contrato y la empresa lo despide nuevamente por causas objetivas (30 agosto 2013). En ese escenario, la sentencia del TSJ declara la extinción de la relación laboral a la fecha de dicha sentencia, condenando a la empresa al abono de una indemnización correspondiente al despido improcedente, y sin que procede el devengo de los salarios de tramitación.
Entiende el TS que son distintas las acciones de despido ejercitadas en una y otra; despido objetivo en la recurrida y disciplinario en la de contraste, cuya declaración de procedencia tiene a su vez consecuencias desiguales.
En la sentencia recurrida ahora, concluye el Supremo, es completamente independiente la causa de la extinción solicitada por el trabajador al amparo del art. 50 ET (incumplimientos patronales reiterados en el abono del salario) y la del despido impugnado (supuesto hurto de mercancías en establecimiento del cliente). En la sentencia de Andalucía, sin embargo, la causa subyacente a la solicitud extintiva del trabajador y la del despido objetivo es la misma (problemas económicos de la empresa).
Esa disparidad de problemas posee repercusión “puesto que tanto nuestra doctrina cuanto la LRJS abordan con soluciones diversas una y otra situación” señala el TS.
