El Supremo reitera que cabe "quitar" el paro a los trabajadores que se vayan al extranjero más de 15 días sin comunicarlo al SEPE
El TS ha desestimado el recurso de un trabajador frente a la extinción del derecho a cobrar la prestación por desempleo por haberse ido al extranjero (periodo superior a 15 días) sin comunicarlo al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2024, reitera doctrina).
El caso concreto enjuiciado
La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si procede sancionar con la extinción del subsidio por desempleo a quién ha salido del territorio nacional sin que conste la duración de la estancia y sin comunicarlo al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), así como las consecuencias de dicha falta de prueba.
El trabajador ha formulado recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad Valenciana, de 29 de marzo de 2022, rec. 3078/2022, que, estimando el interpuesto por la parte demandada, revoca la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Castellón (autos 485/2020), sobre prestación por desempleo, y desestima la demanda interpuesta por el trabajador contra el SEPE.
El TSJ, aplicando la doctrina contenida en la sentencia del TS de 18 de junio de 2020 (rcud. 494/2018), consideró lícita la retirada de la prestación por desempleo ya que el beneficiario no comunicó al SEPE su salida del territorio español, no facilitó su domicilio tras salir de España y no aportó dato alguno a partir del cual podamos entender que la salida fue inferior a 15 días, de modo que la sanción impuesta es ajustada a derecho
La sentencia del Supremo: quitar la prestación por desempleo por irse al extranjero sin comunicarlo al SEPE
El TS desestima el recurso interpuesto por el trabajador
“Recuerda” el TS que nuestra jurisprudencia acepta, desde la STS 731/2017, de 27 de septiembre (rcud. 2242/2016), que la prestación de desempleo se puede extinguir por salidas del territorio nacional superiores a quince días no comunicadas al SPPE ni por él autorizadas. Remitimos, por todas, a las STSS 71/2020, de 28 de enero (rcud 1922/2017), y 77/2024, de 19 de enero (rcud 1026/2021)”.
Ante este marco normativo y jurisprudencial, en el presente supuesto, al igual que acontece en la sentencia referencial, lo que se está impugnando es una sanción administrativa por incurrir en una infracción por parte de un beneficiario de prestaciones del sistema de seguridad social (desempleo), consistente en el incumplimiento del deber de comunicar al SEPE la salida del territorio español que, la administración sancionadora, ha integrado en el tipo contemplado en el art. 25.3 de la LISOS y la sanción prevista en el art. 47.1 b) del citado texto.
Conforme al mismo, el citado precepto tipifica el que no se haya comunicado la situación por la que la prestación pasa a estar suspendida, y en el momento en el que se produce.
Esto es, si el beneficiario va a estar fuera del país más de quince días para que se mantenga como causa de suspensión, debe notificarlo y pedir autorización a la entidad gestora, de forma que si tal proceder no se produce, ya se está ante el tipo sancionado.
Es cierto, reconoce el TS, que el art. 25.3 de la LISOS no está tipificando la falta de autorización, pero sí la falta de comunicación a la entidad gestora de que se incurre en causa de suspensión porque se va a estar más de quince días fuera del extranjero y se precisa de su autorización y, en consecuencia, para que ella tenga conocimiento de la causa que provoca la suspensión de la prestación.
Además, los beneficiarios de las prestaciones por desempleo pueden conocer con antelación que si incumplen el deber de comunicar su salida al extranjero por tiempo superior a quince días que les impone el art. 271 f) y g) de la LGSS están incurriendo en la infracción prevista en el art. 25.3 LISOS y que esta infracción está sancionada por el art. 47.1 b) LISOS con la extinción de la prestación, por lo que la norma cuestionada respeta las exigencias de seguridad jurídica que se derivan del art. 25.1 CE en relación con el art. 9.3 C
La salvedad de la estancia de hasta quince días naturales por una sola vez cada año se admite “sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas” y, entre éstas se encuentra la de comunicar a los Servicios Públicos de Empleo autonómicos y al Servicio Público de Empleo Estatal, el domicilio y, en su caso, el cambio del domicilio, facilitado a efectos de notificaciones, en el momento en que éste se produzca.
Lo mismo acontece en el caso concreto enjuiciado, en el que ni se comunicó la salida ni consta acreditada la duración, de modo que no puede ser aplicada la doctrina conforme a la cual estamos ante una estancia inferior a 15 días y, por ello, carente de efectos, sino ante una salida al extranjero no comunicada, lo que constituye la infracción que se sanciona.