Tribunal Supremo: no se puede eludir el procedimiento de modificación sustancial de carácter colectivo (art. 41 del ET) recurriendo a pactos individuales
El Tribunal Supremo acaba de sentenciar que se vulnera el derecho de libertad sindical, en la vertiente funcional de la negociación colectiva, cuando no se acude a la vía del art. 41 para modificar sustancialmente condiciones colectivas de trabajo (sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2019).
Procede además la indemnización por daño moral que se fijará conforme a las circunstancias de cada caso, siendo lícito (como ha determinado reiterada jurisprudencia) aplicar como criterio orientativo los criterios de la LISOS.
El caso concreto enjuiciado
La sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de 15 de febrero de 2018 , dictada en el proceso de conflicto colectivo seguido a instancia de la Federación de Servicios de CCOO y otros, estimó parcialmente la demanda, declarando la nulidad radical de los acuerdos individuales suscritos entre las empresas demandadas y sus directivos, por vulnerar el derecho de libertad sindical, en su vertiente funcional a la negociación colectiva de los sindicatos demandantes.
La AN condenaba a las empresas a reponer a los trabajadores afectados en la situación previa a la suscripción de aquellos acuerdos y a abonar a los trabajadores afectados las cantidades dejadas de percibir, indemnizando (daños morales) a STC-CIC y CSICA con 5.000 euros a cada uno de ellos.
Frente a dicha resolución judicial se interpone por las empresas demandadas recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que es ahora desestimado, confirmando la sentencia de la Audiencia Nacional.
El conflicto afectaba al personal directivo de las empresas demandadas, que percibía sueldos superiores a 45.000 euros anuales (en total 650 trabajadores), de los cuales 554 han aceptado la oferta empresarial, 79 no la aceptaron y 34 todavía no han manifestado su decisión.
Las empresas demandadas ofertaron a los directivos, cuyos salarios superaban 45.000 euros, la firma de un documento en el que se establecía (entre otros) lo siguiente:
Que ambas partes, en atención a las condiciones concurrentes, con amparo de lo establecido en el artículo 3.1 c) del Estatuto de los Trabajadores , han alcanzado un acuerdo de conversión temporal de parte de la retribución fija en retribución variable, en los términos y con el alcance temporal que se establece en el presente documento, que se regirá por las siguientes:
Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 31 de diciembre de 2019, en tanto mantenga su condición de personal directivo, una parte de la retribución fija total que tenga reconocida el empleado compareciente pasará a tener carácter de retribución variable, y quedará establecida conforme a los que se indica en la columna “% Conversión variable” de la escala progresiva (….).
La sentencia del Supremo
1. SOBRE ELUDIR EL TRÁMITE DE LA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL (ART. 41 DEL ET)
El Tribunal Supremo deja muy claro que constituye una vulneración del derecho de libertad sindical eludir el trámite preceptivo del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores (modificación sustancial de las condiciones de trabajo) mediante pactos individuales.
El Supremo recuerda que, ya en su sentencia de 29 de julio de 2014, determinó que la superación de los umbrales del art 41.2.c) del ET comporta la necesidad de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores de acuerdo con el nº 4 del mismo precepto y norma en la redacción del momento en que ello tuvo lugar, donde asimismo se prevé, en su cuarto párrafo y para el caso de no existir tal representación, la creación para el caso de la comisión antes referida.
Y si nada de ello se hizo y se optó, en cambio, por la negociación o acuerdo particular en cada caso, se eludía el carácter colectivo que había de tener un tal pacto, lo que lleva a la consecuencia anulatoria del mismo en todos los casos en que se efectuado, o como dice la sentencia recurrida, que “no cabe escudarse en la autonomía individual para eludir la tramitación del período de consultas”, lo que comporta los efectos del art 138.7 de la LRJS”.
2. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS MORALES
Respecto a la indemnización por daños morales, el Tribunal Supremo recuerda que la jurisprudencia admite como criterio orientativo a los fines de fijar dichas indemnizaciones por daños morales el acudimiento a los criterios de la LISOS.
En concreto, el artículo 7.7 de la LISOS tipifica como falta grave la transgresión de los derechos de información, audiencia y consulta de los representantes de los trabajadores y de los delegados sindicales, en los términos en que legal o convencionalmente estuvieren establecidos.
A su vez, el artículo 40.1.a ) contempla como sanción una multa en su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros, en su grado medio de 1.251 a 3.125 euros; y en su grado máximo de 3.126 a 6.250 euros”
Esto es, razona el Spuremo, es facultad del órgano de instancia la de determinar la cuantía del daño, mediante criterios prudenciales pero suficientes no solo para la reparación íntegra, sino, además para contribuir a la finalidad de prevenir el daño, lo que supone atender a principios de suficiencia y de prevención.
Esto significa que solo en el caso de constatarse que la impuesta por el órgano de instancia es excesiva, irrazonable o desproporcionada podría justificarse la determinación de otro importe diferente.
Partiendo de estos criterios, no apreciamos en el recurso (razona el TS) argumento alguno que altere la valoración asumida por la sentencia de la Audiencia Nacional, tal y como apunta el Ministerio Fiscal.
Por un lado, la situación de la empresa no es elemento que pueda determinar el importe del daño que ha causado con su actuación. Tampoco es vinculante para la Sala de instancia lo que haya resuelto en otros supuestos cuando entre las razones que se esgrimen para justificar el importe que ha fijado, a diferencia de otros casos, se acude a una conducta reincidente y a una específica situación, como es el precedente acuerdo alcanzado con la representación de los trabajadores -al que siguieron los acuerdos masivos individuales-, que justifica sobradamente esa falta de credibilidad en el Sindicato que provoca la conducta empresarial y que apunta la Sala de instancia.
Además, concluye la sentencia del TS, el importe de 5.000 euros se encuentra dentro de los límites que, atendidas aquellas circunstancias anteriormente referidas y valoradas por la Sala de instancia, fija el art. 40.1 b), en relación con el art. 7.6 de la LISOS.
