Sucesión de empresa concursada: la empresa adjudicataria responde del pago de las indemnizaciones por la extinción colectiva previa de los contratos
Sucesión de empresa concursada: la empresa adjudicataria responde del pago de las indemnizaciones por la extinción colectiva previa de los contratos de trabajo (art. 44.3 del ET). Así lo acaba de sentenciar el Tribunal Supremo en unificación de doctrina (sentencia del TS de 12 de noviembre de 2019).
El caso concreto planteado
La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si las empresas adquirentes de una unidad productiva de la concursada, en virtud de auto de adjudicación dictado en el concurso, deben responder de las cantidades no abonadas por Fogasa y correspondientes a la indemnización por la extinción de sus contratos de trabajo en el marco del concurso.
La parte demandante recurrente ha formulado el citado recurso contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña, dictada el 17 de abril de 2017, en el recurso de suplicación núm. 432/2017, que ha estimado parcialmente el recurso de suplicación interpuesto por la parte demandante, revocando parcialmente la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 2 de Sabadell, de fecha 31 de marzo de 2014, en los autos núm. 332/2013.
En concreto, estima la existencia de sucesión de empresa en los términos del art. 44 del ET, condenando solidariamente a C y H, a abonar al demandante la suma de 96.537,60 euros, en concepto de indemnización legal por la extinción del contrato, exonerando a HC de subrogarse en la parte de dicha indemnización que sea asumida por Fogasa, a tenor del art. 33 del ET, confirmando el resto del pronunciamiento de instancia.
En dicho recurso de unificación de doctrina se invoca como sentencia de contraste la dictada por la misma Sala de lo Social, el 16 de octubre de 2014, R. 4556/2014, aclarada por Auto de 5 de noviembre de 2014, y se citan como normas infringidas el art. 149.2 de la Ley Concursal (LC), art. 44 del ET, el art. 3 a 5 de la Directiva 2001/23/CE.
La sentencia del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación y determina que la empresa adjudicataria responde del pago de las indemnizaciones por la extinción colectiva previa de los contratos de trabajo (art. 44.3 ET), sin que del art. 148 de la Ley Concursal (LC) se deduzca lo contrario.
Según la recurrente debe establecer la existencia de sucesión de empresas respecto de la adjudicataria de la unidad productiva de la concursada a tenor de lo que se recoge en la normativa que invoca y por entender que se está bajo el ámbito de los preceptos de la normativa comunitaria.
El motivo, determina el Supremo, debe ser estimado y con ello el recurso, siguiendo el criterio que ha adoptado esta Sala en asuntos similares cuyos razonamientos debemos reproducir al ser similares los hechos y las razones esgrimidas por la parte recurrente y recurridas:
- En efecto, en las SSTS de 26 de abril de 2018, recurso 2004/2016, 27 de noviembre de 2018, recursos 1685/2017, 1902/2017 y 1958/2017, se dijo que la adjudicación de una unidad productiva en el procedimiento concursal conllevaba la aplicación del art. 44 del ET, en tanto que es norma imperativa aplicable en cualquier supuesto de trasmisión de empresa que conlleva cambio de titularidad, sin que la existencia de un concurso de acreedores lo haga inaplicable, de forma que el adjudicatario pasa a ocupar la posición del empleador concursado y respecto de sus trabajadores.
- Igualmente se ha dicho que ello es acorde con el art. 148.4 de la Ley Concursal, en el que no se excluye la sucesión de empresa en los casos de adjudicación de una unidad productiva de la concursada, sino que, precisamente, dicho precepto remite al art. 64 cuando “las operaciones previstas en el plan de liquidación implicasen modificaciones sustanciales, traslados, suspensiones o extinciones colectivas de los contratos.
- Si la adquisición de la unidad productiva no supusiera tal sucesión, dicha remisión sería superflua porque no conllevaría la asunción de los trabajadores de la empleadora y el plan de liquidación se limitaría a contemplar las condiciones de la realización de los bienes y derechos del concurso, sin necesidad de previsión alguna respecto de la situación de los trabajadores.
- La exclusión de la sucesión permitiría la adopción de alguna de aquellas medidas sin estarligadas a la aprobación del plan de liquidación de los bienes de la masa activa ya que la adquirente sería completamente ajena a las obligaciones respecto de los trabajadores de la concursada”.
En definitiva, “el interés del concurso no puede erigirse en la norma suprema que rija la adjudicación de los bienes”. Y hemos añadido que la Directiva 2001/23 no impide a los Estados Miembros adoptar disposiciones que resulten más favorables para los trabajadores, lo que, en definitiva, resulta de lo hasta ahora expuesto en relación con el art. 148 LC
Por todo ello, concluye el Supremo, procede la estimación del recurso de los demandantes y que “casemos y anulemos la sentencia recurrida y, resolviendo el debate suscitado en el recurso de suplicación, procede revocar en parte la sentencia de instancia y, estimando íntegramente la demanda de los actores, condenar solidariamente a todas las demandadas al pago de las sumas pendientes de ser abonadas en concepto de indemnización”
