Retransmitir un juicio por streaming no vulnera necesariamente la Ley de Secretos Empresariales ni la normativa de protección de datos

Retransmitir un juicio por streaming no vulnera necesariamente la Ley de Secretos Empresariales ni la normativa de protección de datos. Así lo acaba de sentenciar el TS en una sentencia sobre un ERE declarado nulo.

Entre otras cuestiones, razona el Supremo que “compartimos los argumentos de la sentencia recurrida. Por lo que se refiere a la prueba pericial retransmitida en streaming que menciona el recurso, cabe decir que ello no significa exactamente que se haya podido acceder y disponer del informe pericial”

Debe precisarse además que no toda información empresarial, por sensible y confidencial que pueda ser, es

un secreto empresarial a los efectos de la Ley de Secretos Empresariales (Sent. del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 2021).

Se desestima el recurso de casación interpuesto por la compañía y se ratifica la sent. del TSJ de Galicia de 17 de diciembre de 2020.

Se imponen las costas a la empresa en la cuantía de 1.500 euros en favor de cada uno de los impugnantes del recurso.

El caso concreto enjuiciado

La cuestión principal que se plantea en el presente recurso de casación es la de determinar la corrección

jurídica de esa calificación jurídica de nulidad del despido colectivo (ERE) efectuada por la sentencia recurrida.

Por parte de la empresa se alegan, entre otros motivos para el recurso, que el juicio se retransmitió vía streaming.

Considera la defensa de la empresa que se ha vulnerado la normativa de protección de datos y la Ley de Secretos Empresariales.

La sentencia del Supremo: juicios por streaming en la jurisdicción social

El TS desestima el recurso (causas de nulidad acreditadas; negociación de mala fe, dilatar en el tiempo la negociación de manera torticera).

En cuanto a la alegación relativa a la Ley de Secretos Empresariales y a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales por retransmitir el juicio vía streaming señala el Tribunal Supremo lo siguiente:

Ley de Secretos Empresariales

No puede aceptarse que la sentencia recurrida haya vulnerado los preceptos de la Ley por rechazar la declaración del carácter reservado de las actuaciones y por la retransmisión en streaming del acto de la vista oral.

Como bien dice la sentencia, la documentación que se ha aportado no deja de ser la que puede aportarse en un procedimiento de despido colectivo y en su posterior impugnación, y, en todo caso, la alegación de vulneración de los secretos empresariales adolece de una completa generalidad y ausencia de concreción.

En lo que se refiere a la prueba pericial retransmitida en streaming, señala el TS que esto no significa exactamente que se haya podido acceder y disponer del informe pericial.

Debe precisarse, además, que no toda información empresarial, por sensible y confidencial que pueda ser, es un secreto empresarial a los efectos de la Ley de Secretos Empresariales.

En efecto, de conformidad con su artículo 1.1,

«A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el

tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus

componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que

normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;

b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.»

Es necesario recordar, en todo caso, que el artículo 207 c) LRJS exige que se haya producido indefensión y es claro que ni el rechazo a declarar reservadas las actuaciones ni la retransmisión en streaming del acto de la vista oral han causado indefensión a la empresa recurrente, toda vez que ha podido defenderse de las pretensiones de la demanda y utilizar los medios que estima oportunos.

No es posible, en consecuencia, como solicita el recurso, declarar la nulidad de actuaciones y casar y anular

la sentencia recurrida por las anteriores circunstancias.

Señalaba también la defensa de la empresa que la retransmisión del acto de la vista en streaming habría vulnerado el artículo 366 LEC, que establece, en su apartado 2, que «los testigos no se comunicarán entre sí ni podrán unos asistir a las declaraciones de otros».

Lo que ocurre en este sentido, entiende el TS, es que el recurso no acredita, en primer lugar, que sucediera lo que denuncia y que consiste en que -según afirma-, a pesar de las medidas dispuestas al efecto por el órgano judicial, unos testigos asistieron por streaming a las declaraciones de otros.

Y, en segundo lugar y sobre todo, de nuevo hay que recordar que el artículo 207 c) LRJS requiere que se haya producido indefensión y el recurso nada alega ni concreta al respecto.

LOPDGDD

Se denuncia la vulneración por la sentencia recurrida de los artículos 5 («deber de confidencialidad»), 11 («transparencia e información al afectado»), 72.1 h) («infracciones consideradas muy graves»), 72.1.i) («infracciones consideradas muy graves») y 77.1 b) («régimen aplicable a determinadas categorías de responsables o encargados del tratamiento») de la LOPDGDD.

El motivo aduce que a ninguno de los tres peritos propuestos por la empresa recurrente se le informó por el órgano judicial del trato que se iba a dar a su imagen, sonido y datos personales y, en especial, que su declaración iba a ser retransmitida en streaming, señalando que a dos de los peritos se les pidió que mostraran en cámara su documento nacional de identidad, por lo que hubo acceso a sus datos personales (incluida su dirección personal).

En este punto, razona el TS que, como hace notar el Ministerio Fiscal, no consta que se hiciera la oportuna protesta en el acto del juicio, tal como exige el artículo 210.2 a) LRJS, lo que conlleva la desestimación de la alegación.

Además, con independencia de lo anterior y como señala asimismo el Ministerio público, el recurso no justifica en qué medida lo anterior ha ocasionado indefensión a la empresa recurrente, como el artículo 207 c) LRJS requiere que haya ocurrido.

Además, en la hipótesis de que el órgano judicial hubiera incurrido en alguna infracción de la LOPDGDD, al margen de las denuncias y acciones que pudieran emprender los afectados, la consecuencia sería la imposición de las correspondientes sanciones administrativas, pero no la anulación de una sentencia dictada en un proceso de impugnación de un despido colectivo que dicha sentencia declara nulo