Registro diario de la jornada: las 3 conclusiones del Abogado General del TJUE sobre su implantación en las empresas (hoy, 31 de enero 2018)
¿Más cerca del registro diario obligatorio de la jornada de todos los empleados? Éstas son las tres conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), emitidas hoy, 31 de enero de 2019:
1. OBLIGATORIEDAD DE EFECTUAR EL REGISTRO
El artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los artículos 3, 5, 6, 16 y 22 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, deben interpretarse en el sentido de que:
– imponen a las empresas la obligación de implantar un sistema de cómputo de la jornada laboral efectiva de los trabajadores a tiempo completo que no se hayan comprometido de forma expresa, individual o colectivamente, a realizar horas extraordinarias y que no ostenten la condición de trabajadores móviles, de la marina mercante o ferroviarios.
– Se oponen a una normativa nacional (como la española) de la que no resulta la existencia de esa obligación.
2) LIBRE ELECCIÓN DE LA FORMA DE EFECTUAR EL REGISTRO
Los Estados miembros tienen libertad para establecer la forma de registro del tiempo efectivo de trabajo que consideren más adecuada para la consecución del efecto útil de las disposiciones del Derecho de la Unión antes citadas.
3) COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS
En cualquier caso, razona el Abogado General, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar, tomando en consideración el conjunto de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por este, si puede realizar una interpretación de tal Derecho que garantice la plena efectividad del Derecho de la Unión.
Ahora bien, en el caso de que resulte imposible interpretar una normativa nacional como la controvertida (la española) en el procedimiento principal en un sentido conforme con la Directiva 2003/88 y con el artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales, de esta última disposición resulta que el órgano jurisdiccional remitente debe inaplicar esa normativa nacional y garantizar el cumplimiento por parte de la empresa de la obligación de implantar un sistema adecuado de cómputo del tiempo efectivo de trabajo.
Hay que tener en cuenta que las conclusiones de los Abogados Generales del TJUE no son vinculantes, por lo que habrá que esperar a que el TJUE dicte sentencia. Pinche aquí para acceder a información más completa y aquí para acceder al texto íntegro con las conclusiones.
