Prima especial por Covid19: derecho adquirido al vincularla al "estado de alarma" y sanción por temeridad
Interesante sentencia de la Audiencia Nacional en la que declara la existencia de derecho adquirido (condición más beneficiosa, CMB) en el pago de una prima especial por Covid19 (sentencia de la AN de 1 de junio de 2021).
Entiende la AN que en el caso concreto enjuiciado concurre en favor de los trabajadores a los que se hace referencia en la comunicación de fecha 30-3-2.020 una CMB consistente en percibir una prima de 500 euros durante la vigencia del Estado de Alarma decretado en fecha 14-3-2.020 y prorrogado hasta el 21 de junio de 2.020.
Impone además la Audiencia Nacional una sanción por temeridad a la empresa.
El caso concreto enjuiciado
En fecha 30 de marzo de 2020, la empresa comunicó a las personas que trabajan en fabricación y en el centro de distribución que se les iba a gratificar con una prima de 500 € mensuales, con efectos retroactivos de 15 de marzo y hasta el final del Estado de Alarma.
Uno de los sindicatos denunció que la empresa mediante comunicado de fecha 15 de mayo de 2020, puso en conocimiento de los afectados que dejaba sin efecto dicha asignación a partir del 24 de mayo, ya que por “parte de las Autoridades, se han puesto en marcha medidas dirigidas a recuperar paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica, y por ello también la Compañía ha comenzado a recuperar su normalidad”.
Entendía el sindicato que la empresa había incumplido su compromiso con los trabajadores, puesto que el Estado de Alarma concluyó el día 21 de junio de 2.020.
La empresa justicó su decisión en las medidas de desescalada adoptadas por el Gobierno en los Decretos de Prórroga del Estado de Alarma dictados en el mes de mayo de 2.020.
Razonaba la empresa que no era previsible que el Estado de Alarma se prolongase hasta el mes de junio y negó la existencia de condición más beneficiosa alguna, ni de comportamiento que vulnerase el principio según el cual nadie puede ir contra los actos propios.
Interpone el sindicato demanda de conflicto colectivo y la Audiencia Nacional le da la razón.
La sentencia de la AN
La Audiencia Nacional entiende que en el presente caso concurre en favor de los trabajadores a los que se hace referencia en la comunicación de fecha 30-3-2.020 una CMB consistente en percibir una prima de 500 euros durante la vigencia del Estado de Alarma decretado en fecha 14-3-2.020 y prorrogado hasta el 21 de junio de 2.020.
Y esto es así por las siguientes razones:
1ª.- en la comunicación de fecha 30-3-2.020- la cual se emite una vez prorrogado el Estado de Alarma- no se
supedita su vigencia a la de la prorroga decretada el día 27-3-2.020, ni al mantenimiento de las restricciones
existentes en dicho momento, es más, el estado de alarma es prorrogado varias veces y la empresa sigue
abonando la prima.
2ª.- cualquier duda que pueda ocasionar en orden a la vigencia de la CMB que dicha comunicación establece
debe resolverse a la interpretación de sus términos ( art. 1281 Cc )- ” desde el 15 de marzo hasta el final del
estado de alarma”-, y si los mismos resultasen oscuros en ningún caso podrían beneficiar a quien la expresó
en términos ambiguos ( art. 1.288 Cc );
3ª.- la evolución de las restricciones no se fija por el empleador al establecer la prima como cláusula de resolución de la obligación, sino únicamente la finalización del Estado de Alarma, cobrando en este punto plena aplicación el mandato contenido en el art. 1.283 Cc (“Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar.”);
4ª.- aún cuando la cuantía de la prima a percibir por cada trabajador no se determina en la comunicación inicial expresándose en la misma que será una asignación de hasta 500 euros al mes, el hecho de haberla abonado desde entonces y hasta el 24- 5-2.020 en la cuantía máxima, evidencia que esa fue la intención del empleador al establecerla ( art. 1.281 , 2 Cc ), y que fue esta en la cuantía en la quedó determinada.
Por todo ello, hay que entender que se ha creado un derecho adquirido para los trabajadores. Por ello, condena a la emprea a abonar a los trabajadores, con efectos retroactivos, la correspondiente prima de 500 euros mensuales hasta el 21 de junio de 2020.
Multa por temeridad
En el presente caso, la Sala estima que concurre temeridad en la oposición de la empresa por cuanto que los argumentos esgrimidos para defender la decisión manifiestamente arbitraria comunicada a la plantilla en fecha 15-5-2.020 carecen de la más mínima solvencia jurídica.
Dichos argumentos, razona la AN, “no obedecen más que a un empecinamiento empresarial en negarse a asumir un compromiso adquirido, abocando a las partes de forma innecesaria a un procedimiento judicial, y todo ello, en la manifiesta situación de colapso que presentan los órganos judiciales tras prácticamente tres meses de inoperatividad unida a la alta litigiosidad ocasionada por la situación emergencia sanitaria mundial por la que atravesamos”.
Por ello se impone además a la empresa una sanción pecuniaria de 500 euros y la obligación de abonar los honorarios de los abogados que han defendido a las centrales sindicales demandantes con un límite de 600 euros.
