¿Cuál es el plazo de prescripción para las sanciones muy graves: el de 3 años o el de 5? (Tribunal Supremo)
En caso de sanciones muy graves ¿cómo opera el plazo de prescripción? ¿Prevalece el plazo específico del art. 7 del RD 928/1998 (cinco años) o bien deben primar los plazos generales del art. 132.1 de la Ley 30/1992? Se pronuncia el Tribunal Supremo (STS de 25 de junio de 2024; la sentencia cuenta con un voto particular discrepante).
El caso concreto enjuiciado
El núcleo casacional deducido por la representación de la empresa consiste en determinar cuál es el plazo de prescripción aplicable a la sanción muy grave impuesta a la empresa demandante en cuantía de 10.001€, si el de 3 años previsto en el art. 132.1 Ley 39/1992 (actual art. 30 de la Ley 40/2015) o el de 5 años reseñado en el RD 928/1998, de 14 de mayo
La parte recurrente ha elegido de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 21 de noviembre de 2017 (RS. 123/2017), dictada en un procedimiento sobre impugnación de actos administrativos.
Tanto en el supuesto contrastado como en el actual litigio se trata de sanciones impuestas conforme a la LISOS. En los dos se plantea cuál es el plazo de prescripción de la sanción: si el establecido con carácter general para las infracciones muy graves del art. 132.1 Ley 30/1992, o el específico de cinco años del art. 7.3 del RD 928/1998.
Ambas sentencias resuelven de manera contradictoria, pues mientras que la sentencia recurrida acude al plazo específico de 5 años, la de contraste se decanta por el plazo general de 3 años, cubriendo con ello el presupuesto de identidad esencial establecido en el art. 219 LRJS.
La sentencia del Tribunal Supremo: plazo de 5 años (Sanciones muy graves)
El TS desestima el recurso interpuesto por la empresa.
Por un lado, determina que no puede afirmarse que en materia de sanciones e infracciones en el orden social no exista precepto alguno que fije el plazo de prescripción de las sanciones; y en modo alguno que hubiera una laguna en materia prescriptiva.
Al contrario, en el marco de la autorización legislativa, aquel reglamento (y su precedente) integró su regulación, deviniendo, por ende, improcedente acudir a una norma diseñada para los supuestos de ausencia regulatoria. De esta forma, todas las infracciones y sanciones administrativas prescriben conforme a lo establecido en una norma administrativa, bien en la norma sectorial específica, como es el caso, o bien subsidiariamente conforme a las reglas que dispuso aquel precepto.
Semejante solución se infería también de la Disposición adicional séptima -sobre el Procedimiento administrativo sancionador por infracciones en el orden social y para la extensión de actas de liquidación de
cuotas de la Seguridad Social- de la Ley 30/1992, cuando estatuyó que los procedimientos administrativos para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social y para la extensión de actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social se regirán por su normativa específica y, subsidiariamente, por las disposiciones de esa Ley.
Finalmente adicionaremos que el plazo prescriptivo más amplio que contempla el art. 7.3 del Reglamento (cinco años) no debe ceder en favor del de tres años contemplado en una ley de aplicación subsidiaria aduciendo que se considera un plazo más favorable para el infractor. Cuando existe una disposición especial para la específica materia de sanciones e infracciones en el orden social, no deviene factible seleccionar y elegir otros plazos generales que solo operarían en defecto de previsión expresa.
Se fija así la correlación entre la infracción en materia de Seguridad Social, que prescribe a los cuatro años, contados desde la fecha de la infracción ( art. 4 LISOS), y la sanción muy grave aplicable, con un plazo de prescripción de cinco años.
La doctrina correcta se encuentra en la sentencia recurrida al concluir la prevalencia del plazo específico regulatorio de la prescripción, en materia sancionadora en el orden social, del art. 7 del RD 928/1998 (cinco años) sobre los plazos generales del art. 132.1 de la Ley 30/1992 (posterior art. 30 de la Ley 40/2015).
