Los detectives privados no pueden utilizar una falsa identidad o suplantarla para obtener pruebas para el proceso laboral
El uso de detectives para recabar pruebas que justifiquen la imposición de una sanción (llegando al despido) es lícito, siempre y cuando se respeten una serie de principios (idoneidad, proporcionalidad y necesidad)
La jurisprudencia en torno al uso de detectives en el proceso laboral es muy amplia y son los tribunales los que van delimitando qué prácticas son o no lícitas y pueden o no aportarse como pruebas.
Un buen ejemplo es esta sentencia del TSJ de Cantabria en la que determina que los detectives privados no pueden utilizar una falsa identidad o suplantarla para obtener pruebas que se aporten al proceso laboral.
En su sentencia (TSJ de Cantabria de 25 de junio de 2021) declara la nulidad de actuaciones en un procedimiento en el que se desestimó la demanda de despido disciplinario de una empleada de una clínica odontológica.
La empleada fue despedida por una falta muy grave al ser grabada en una conversación telefónica con una supuesta cliente una detective privada contratada por la empresa- que llamó para pedir una cita.
NOTA: Hay que recordar que el Tribunal Supremo, tal y como te explicamos en su momento en nuestro blog, también se pronunció en esta misma línea, declarando nula por coercitiva una entrevista forzada y simulada por un detective para tratar de justificar un despido.
Precisamente, el TSJ de Cantabria cita expresamente esa sentencia del TS (sent. del TS de 19 de febrero de 2020)
El caso concreto enjuiciado
Ante la sospecha de que una trabajadora estaba efectuando malos cometarios sobre la clínica en la que trabajaba y
desaconsejando a pacientes acudir, la empresa (clínica) decidió verificar si estos extremos eran ciertos.
Se recurrió a a los servicios profesionales de una agencia de detectives para que uno de sus empleados contactara telefónicamente, simulando requerir una cita, con la Clínica a las 12.45 horas del día 14 de septiembre de 2020, momento en el que la trabajadora se encontraba prestando sus servicios profesionales, entre los cuales se encuentra el de atender las llamadas telefónicas para dar citas.
Al coger el teléfono y tras informar del cambio de titularidad de la Clínica no se limitó a concretar día y hora para efectuar el examen bucal, sino que recomendó no acudir, vertiendo expresiones tales como “estoy aquí, pero voy a durar poco” y dando una imagen negativa del funcionamiento y del cometido de los profesionales que allí trabajan.
Tras pedir el número de teléfono a la persona que llamó quedó en ponerse en contacto con ella para concretarle la cita, señalando ‘yo hablo con Filomena y Carlos Francisco “, algo que no hizo.
La empresa argumentaba en la carta de despido que la trabajadora, además de externalizar opiniones críticas y desaconsejar acudir, vertiendo una imagen nefasta de la Clínica, en ningún momento puso en conocimiento de los responsables o empleados la llamada recibida, con el fin de concretar la cita, sino que facilitó el número de teléfono a la esposa del anterior titular, la cual deriva a los pacientes a otro especialista.
Por tanto, procede al despido disciplinario por falta muy grave al trasgredirse de manera notoria la buena fe
contractual, regulada en el artículo 54.2 d) del vigente Estatuto de los Trabajadores.
En primera instancia se declaró la procedencia del despido. Recurre la defensa de la trabajadora pidiendo la nulidad de la prueba de detectives y ahora el TSJ falla a su favor en el sentido de declarar “nula” la prueba de detectives.
La sentencia del TSJ
Se solicita la inadmisión como prueba del informe pericial y concretamente la parte correspondiente a la
transcripción de la conversación mantenida por el detective con la trabajadora.
Conforme a la sentencia del TS de 19 de febrero de 2020, considera el TSJ (frente al criterio del JS) que existe un error inducido que debe llevar a inadmitir la prueba de detectives.
Esto es así, entiende el TSJ, puesto que la detective se hace pasar por la hija de la tal Rosa , a la que califica de antigua paciente, e incluso se identifica como María Angeles.
Es decir, la detective se atribuyó una identidad falsa para provocar un engaño en su interlocutora, creando o, al menos, suplantando una identidad pretendiendo obtener la confianza de la trabajadora, cuya actuación queda condicionada, al menos, por referido error inducido, en el contexto además de una conversación que utilizar el tuteo inicial.
Y tal error inducido está en el origen de la finalidad predeterminada, para que la trabajadora, finamente, proceda a derivarle a otra consulta.
Es decir, tal error inducido, a partir de una identidad falsa, contamina toda la actuación posterior de la trabajadora.
Es decir, reconoce el propio TSJ, que en este caso no es una conducta coactiva, pero se produjo, a través del fraude y la atribución de una falsa identidad, o, lo que es lo mismo, la utilización de procedimientos ilícitos o éticamente reprobables, lo que vulneró el derecho a la dignidad de la trabajadora, asegurada en la Constitución (artículo 10), así como a su libre y espontánea determinación.
Además, razona el TSJ, si se exige autorización judicial para los agentes encubiertos, parece lógico que los detectives
privados, al margen de que no revelen su identidad como tales detectives, lo que parece elemental, porque frustraría la razón de ser de su actuación, no puedan realizar tal cobertura con identidad falsa, como ha sucedido en el caso actual, creando la confianza, basada en el error, que lleve, a obtener finalmente (a través de la insistencia) la eventual conducta antijurídica.
Por tanto, se declara la nulidad de actuaciones al momento anterior a la sentencia para que, anulando ésta, se dicte nueva resolución omitiendo la transcripción de la conversación mantenida por el detective con la trabajadora recogida en el informe aportado por la empresa.
