La garantía de indemnidad no puede ser un seguro ilimitado para que prospere cualquier demanda de un trabajador
La garantía de indemnidad supone que un trabajador no puede recibir ningún tipo de represalia por el hecho de ejercer sus derechos laborales. Ahora bien, los tribunales han sentenciado que no es un derecho absoluto ni ilimitado y se analiza caso por caso.
Un buen ejemplo es esta sentencia del TSJ de Madrid que descarta la declaración de nulidad de un despido (miembro del Comité de Empresa) en el que se solicitaba la nulidad por supuesta vulneración de la garantía de indemnidad (sent. del TSJ de Madrid de 11 de junio de 2021).
3 factores para que opere la garantía de indemnidad
Deja muy claro en su sentencia el TSJ que la garantia de indemnidad ” no puede ser un seguro ilimitado para la prosperidad de cualquier demanda del trabajador”.
- En primer lugar, hay que tener en cuenta que, para entrar en juego el desplazamiento de la carga probatoria, se requiere un principio de prueba revelador de la existencia de un fondo discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha de una discriminación.
2, Además, la carga acerca de este principio de prueba (o indicios racionales bastantes acerca de la represalia) gravita sobre el trabajador
3. Y finalmente, el juez debe observar ciertas cautelas a la hora de convencerse acerca de si la medida empresarial de que se trate se debe o no a una represalia por el ejercicio anterior de un derecho por parte del trabajador.
Y en el caso concreto enjuiciado, entiende el TSJ que no se cumplen estos parámetros, por lo que no cabe la declaración de nulidad del despido.
El caso concreto enjuiciado
Se alza en suplicación el trabajador contra sentencia que declaró la procedencia del despido disciplinario que le fue comunicado el 10-11-2020 con efectos de esa misma data, desestimando la demanda dirigida frente a la compañía en lo que se refiere a la declaración del despido como nulo con vulneración de derechos fundamentales a la libertad sindical y garantía de indemnidad.
La empresa es un casino.
Se estima en parte en parte la reclamación de cantidad acumulada, condenando a la empresa demandada a que le abone la suma de 175,65 euros
La causa del despido fue que el trabajador accedió a la sala de control de videos y en uno de los ordenadores, tras intentarlo en otro, introdujo durante aproximadamente 23 minutos un dispositivo USB en el que consta que se
descargaron archivos correspondientes a grabaciones de diversos clientes, sin que se hayan podido identificar los concretos archivo descargados.
Al detectarse estos acontecimientos, el director de seguridad le indicó que va a llamar a la brigada de juego por lo que el trabajador le hace entrega de un dispositivo USB contenido en una tarjeta con el anagrama de CGT que tenía en su taquilla.
Encontrándose en un despacho el empleado con el director de seguridad y otras personas, entre ellas otro miembro del comité de empresa, coge el USB que había previamente entregado y lo parte en trozos que tira a una papelera.
También entregó el demandante una libreta cuyo contenido está volcado en el expediente disciplinario adjuntado como prueba documental.
La sentencia
La sanción del despido acordada viene desconectada causalmente de las reclamaciones derechos efectuadas por el trabajador y del ejercicio de los derechos a la libertad sindical como miembro del Comité de empresa.
Recuerda el TSJ que por el mero hecho de ser miembro del Comité de Empresa no se genera ninguna nulidad de un despido, y en este sentido también resulta totalmente habitual y lógico que los representantes de los trabajadores efectúen reclamaciones en las empresas, pues constituye una consecuencia derivada del cargo que ocupan, sin que ello necesariamente tenga que llevar a la conclusión de que cualquier sanción que se imponga a los mismos conculca esos derechos fundamentales.
Y en este caso, concluye el TSJ, la empresa ha acreditado que su proceder es ajeno o extraño a la vulneración de los derechos fundamentales denunciados, obedeciendo la medida disciplinaria adoptada a la
quiebra por la conducta del trabajador del derecho a la protección de datos de carácter personal de los clientes del casino y al debido tratamiento de esos datos que no pueden ser cedidos a terceros por para salvaguardar su
derecho a la intimidad.
El TSJ ratifica la sentencia dictada por el JS salvo por revocar en parte la condena, condendando a la empresa demandada a que abone al trabajador la suma de 175,65 euros pero incrementada en el 10% de intereses moratorios.
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