Indemnización "reparadora" en despido improcedente: ¿en base a qué se fija una cuantía de 30.000 euros? (TSJ del País Vasco)
Nuevamente una sentencia sobre indemnización reparadora o disuasoria en caso de despido improcedente (cuando se entienda que la indemnización tasada legalmente no es suficiente) ha vuelto a abrir la caja de Pandora. Hoy analizamos la sentencia del TSJ de País Vasco de 23 de abril de 2024 (ratifica la concesión de una indemnización reparadora de 30.000 euros).
NOTA: Hay que recordar que se baraja la posibilidad de modificar la cuantía de la indemnización por despido improcedente, tras el dictamen del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) respecto a la cuantía de la indemnización por despido improcedente en España (no obstante, se conoce el dictamen del CEDS aunque su contenido íntegro no se ha hecho público).
El caso concreto enjuiciado
Interpone recurso de suplicación la representación de un Ayuntamiento, frente a la sentencia nº 142/2023 de fecha 28 de noviembre 2.023, autos 299/2023 del Juzgado de lo social único de Eibar que estimó la demanda sobre despido, declarando el mismo improcedente.
Se condenó a la empresa a readmitir o bien indemnizar con la condenando a la empresa a indemnizar con la cantidad de 493,49€, abonando en concepto de indemnización adicional la cantidad de 30.000 €.
El recurso interpuesto por el Ayuntamiento contiene un único motivo y termina suplicando se revoque la sentencia impugnada y se sustituya por otra distinta en la que se reconozca a la actora, únicamente, el derecho a percibir la indemnización por despido improcedente prevista en el artículo 56 del ET (es decir, aplicar la indemnización tasada legalmente).
La sentencia: TSJ de País Vasco de 23 de abril de 2024. Indemnización reparadora
El TSJ desestima el recurso y ratifica lo sentenciado por el JS. ¿En base a qué argumentos? Éstas son las claves principales:
- Dejar un trabajo indefinido por un trabajo en el que le prometieron unas condiciones que se incumplieron
En primer lugar se trata de un caso muy concreto donde hubo un error por parte del Ayuntamiento en la contratación. En concreto, el trabajador dejó su trabajo por cuenta ajena (en una empresa donde tenía contrato indefinido) porque el ayuntamiento le ofreció un contrato temporal de mínimo un año y hasta la provisión de la plaza (con un máximo de tres años).
El trabajador dimitió (baja voluntaria) de su empresa para suscribir el contrato con el ayuntamiento con fecha 27 de marzo de 2023. El Ayuntamiento despide al trabajador el 30 de abril de 2023 alegando “error en la contratación”.
2. Indemnización adecuada. Carta Social Europea
De pagar al trabajador únicamente la cuantía fijada para el despido improcedente, ésta sería irrisoria e incumpliría lo establecido en la Carta Social Europea (CSE). En el caso concreto enjuiciado, hablamos de una indemnización tasada de 493,49
La CSE establece que “en caso de producirse el despido cuando éste acontece “sin razón válida” equivalente al calificativo otorgado en nuestro ordenamiento de “improcedente”, los trabajadores deben ser indemnizados de forma adecuada o bien mediante cualquier otra reparación resarcitoria.
Sobre la vinculación o no de las decisiones del CEDS
Señala en primer lugar el TSJ la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), en cuanto va “a cuestionar la indemnización tasada y topada de la regulación en España del despido improcedente por vulneración del art. 24 de la Carta Social Europea revisada (CSE), pese a no ser una decisión todavía pública, y cuyo antecedente lo encontramos respecto a las legislaciones de Finlandia, Italia y Francia”.
Comencemos por la obligación de respetar la CSE, la cual fue ratificada por parte del Estado español, (versión originaria el 29 de abril de 1980 y, tiempo más tarde, el 24 de enero de 2000, España ratificó el Protocolo Adicional de 1988). Respecto a la ratificación de la CSE en su versión revisada, el 11 de junio de 2021 se publicó en el BOE el instrumento de ratificación, con entrada en vigor el 1 de julio de 2021.
Respecto a la garantía causal la CSE reconoce el derecho de las personas trabajadoras a no ser despedidas si no existe una “razón válida”, conectando con el principio clásico de estabilidad en el empleo, el cual
se refleja en el reforzamiento del principio de conservación del contrato de trabajo, en la preferencia por la contratación indefinida y especialmente en la existencia de un “justificado motivo” para la extinción del
contrato de trabajo.
En lo que se refiere a la garantía monetaria, la CSE utiliza los mismos conceptos jurídicos indeterminados que el Convenio 158 de la OIT, reconoce el derecho a «una indemnización adecuada» o a «otra reparación apropiada» ante un despido injustificado o sin causa.
3. Indemnización reparadora de 30.000 euros. ¿Por qué esta cuantía?
El TSJ ratifica lo sentenciado por el JS que fijó una cuantía de 30.000 euros. ¿Por qué esta cuantía?
En el caso concreto enjuiciado, no teniendo elementos mas concretos en las circunstancias del trabajador despedido vamos a optar por el mecanismo de la indemnización adicional que lo son los salarios
que hubiera percibido el trabajador en ese año, al menos de trabajo.
Además, no podemos dejar de lado que dentro de la reparación se encuentra la protección por desempleo que se nutre de las cotizaciones del trabajador y el empresario y estas pudieran ser también valoradas a efectos de la reparación del daños y perjuicio del trabajador por la pérdida del salario, pero no respecto al empresario como elemento disuador del despido sin causa.
Por consiguiente, la expectativa de un trabajo de un año, que motivó la extinción del contrato anterior, y que de haberse cumplido no habría derecho a la indemnización del art. 56 ET, ello debe suponer el daño reparable que la norma contenida en el art 24 de la CSE delimita como una indemnización adecuada, puesto que el elemento esencial que nos encontramos es la inexistencia de una mínima respuesta justificatoria al trabajador sobre la causa de extinción, pues no es de recibo la referencia verbal a un error.
La valoración de Sincro: indemnización adicional a la tasada para el despido improcedente
Por un lado, aunque la sentencia alude a un caso muy concreto donde hubo un claro incumplimiento de una promesa sobre las condiciones del puesto (y duración) al trabajador y unas circunstancias muy particulares, lo cierto es que la sentencia abre la puerta a intentar pleitear por conseguir una indemnización adicional a la establecida para el despido improcedente.
Tras el dictamen del CESD se va a elevar la conflictividad en los tribunales y habrá más personas trabajadoras dispuestas a pleitear por conseguir esa indemnización adicional a la tasada legalmente.
No todo despido improcedente va a conllevar tener que pagar una indemnización adicional reparadora o disuasoria. Los despidos donde es más factible intentar pleitear por esta indemnización van a ser ser aquellos que se produzcan en trabajadores que lleven poco tiempo en una empresa pero en todo caso habrá que estar al caso concreto enjuiciado y vamos a ver criterios dispares en los tribunales.
A la espera en todo caso de que se pronuncie el Tribunal Supremo (sobre el impacto del dictamen del CESD y su carácter vinculante o no y en qué punto se considera que la indemnización es insuficiente) la conflictividad en este tema va a aumentar en los próximos meses y habrá que estar muy pendientes de los tribunales.
