Indemnización por despido objetivo declarado improcedente: hay que abonar al trabajador el importe correspondiente a la falta de preaviso
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria acaba de sentenciar (frente al criterio mantenido por el Juzgado de lo Social), que la empresa tiene que abonar el importe correspondiente al periodo de preaviso en un despido objetivo declarado improcedente (sentencia del TSJ de Cantabria de 3 de enero de 2019 en la que se recoge lo sentenciado por el TS en su sent. de 1 de julio de 2010).
El caso concreto enjuiciado
En este caso, una trabajadora formula recurso frente a la sentencia de instancia que ha estimado en parte su reclamación de cantidad. El único punto que ataca es la desestimación de la reclamación relativa al importe del preaviso relativo al despido objetivo a través del cual se extinguió su relación contractual.
La sentencia del Juzgado de lo Social de Santander desestima dicha cuantía, razonando que no cabe su abono en los casos en los que concurra un despido improcedente que determina la inexistencia del despido objetivo.
La sentencia del TSJ
Sin embargo, el TSJ estima el recurso interpuesto por la empleada frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social, revocando la misma en lo que respecta al importe del preaviso del despido objetivo del que fue objeto, condenando a la empresa al abono del mismo, que asciende en este caso a la cantidad de 580,69 euros.
El Tribunal Supremo (STS, Sala Cuarta, de 1 de julio de 2010) recoge la doctrina jurisprudencial respecto al abono del preaviso no concedido en un despido objetivo del artículo 52 ET, en los casos en los que se ha reconocido la improcedencia del mismo -en aquel supuesto, la improcedencia era ya expresamente reconocida por la propia empresa-.
De acuerdo con la misma, cuando se alegan causas objetivas del artículo 52 ET, la empresa ha de abonar el importe de la indemnización por falta de preaviso del art. 53.1.c) ET, con independencia de la calificación judicial que, posteriormente, merezca el despido.
Además, recuerda el TSJ, la no concesión del periodo de preaviso, si bien no anula la extinción, sí obliga al empresario al abono de los salarios correspondientes a dicho periodo de vigencia de existencia del contrato (artículo 53.2 y 4 del Estatuto de los Trabajadores).
Precisamente, razona la sentencia, teniendo en cuenta estas circunstancias, particularmente que el contrato existe durante el periodo de preaviso, se pronuncia el artículo 123.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, cuya interpretación gramatical, lógica y sistemática “excluye la conclusión que pretende la parte recurrente, pues se trata de retribuciones salariales correspondientes a distintas situaciones, una vigente el contrato de trabajo y la otra correspondiente a la situación en que el contrato ya está extinguido”.
Por todo ello, el TSJ da la razón a la trabajadora y condena a la empresa a abonar el importe correspondiente al periodo de preaviso.
