Indemnización en el marco de un ERE: hay que incluir el premio de dedicación al considerarse el cese "involuntario" para el trabajador
El Tribunal Supremo acaba de dictar sentencia sobre la inclusión del premio de dedicación en el marco de la indemnización abonada en un despido colectivo (ERE). En ella, falla a favor de los trabajadores que reclamaban su abono (sentencia del TS de 3 de abril de 2019).
El caso concreto enjuiciado
La cuestión que se dirime es la posibilidad de acceder al premio de Dedicación al que se refiere en encabezamiento de la censura jurídica formulada por la empresa en el caso de prejubilación alcanzada en el seno de un expediente de regulación de empleo al plantearse en núcleo del debate en torno a la naturaleza voluntaria o involuntaria de dicho cese.
D. Conrado y D. Dimas prestaron servicios por cuenta de un banco hasta el 29 de febrero de 2012, fecha de efectos del despido (despido colectivo) acordado por la empresa y notificado mediante carta de 17 del mismo mes y año.
En escrito posterior a la anterior comunicación se emitió con el detalle de la liquidación que las carta de despido les anunciaba.
El 24 de febrero de 2012, fueron citados en Cuenca donde se les hace entrega del documento en el que se fija la cantidad en concepto de indemnización por la extinción del contrato de trabajo , sin que conste la presencia en el acto de la firma de representantes de los trabajadores .
El 5 de marzo de 2012 el Sr. Dimas remitió un burofax . Interpuesta demanda de reclamación de cantidad el Juzgado de lo Social estimó las demandas salvo en lo referente al Premio de Dedicación y su resolución fue recurrida en suplicación por ambas partes, desestimando la Sala el recurso de la demandada y estimando el de los trabajadores reconociéndoles el derecho a percibir el Premio de Dedicación.
Interpone la empresa recurso de casación para unificación de doctrina ofreciendo dos sentencias de contraste.
La sentencia del TS
El TS desestima el recurso interpuesto por la empresa y ratifica la sentencia dictada por el TSJ de Castilla-La Mancha.
En primer lugar, el Tribunal Supremo recuerda que es doctrina de esta sala (entre ellas, la STS de 24 de octubre de 2006) entender que el cese en virtud de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) tiene carácter involuntario.
Doctrina y medida que incorpora la Disposición final tercera 2 de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social (Ley 40/2007 de 4 de diciembre) al señalar que:
“2. A efectos de la aplicación del requisito aque se refiere la letra d) del apartado 2 del artículo 161 bis y el párrafo tercero de la norma 2ª del apartado 1 de la disposición transitoria tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social , se considerará, en todo caso, que las jubilaciones anticipadas causadas entre el 1 de enero de 2004 y la fecha de entrada en vigor de la referida Ley motivadas por ceses en la relación laboral producidos en virtud de expedientes de regulación de empleo tienen carácter involuntario.
Las resoluciones denegatorias de las pensiones de jubilación anticipada, así como las cuantías de las pensiones ya reconocidas se revisarán a instancia de los interesados”.
En aplicación de la doctrina que antecede resulta inexcusable calificar el cese como involuntario, deja muy claro el TS.
Y en cuanto al art. 20 del Reglamento de Beneficios, Mejoras Sociales y Otros Conceptos no Salariales, de 24 de abril de 2008 (aplicable en este caso), establece, en orden al Premio de dedicación que:
“Las gratificaciones y premios que se vinieranconcediendo a los 25 años de servicios en las Cajas de Albacete, Cuenca y Ciudad Real y Toledo, se reconvierten en un Premio a la Dedicación , que se regula en el presente Artículo, que tendrán derecho a percibir los empleados fijos procedentes de Caja de Albacete, Caja de Cuenca y Ciudad Real y Caja de Toledo en los supuestos y cuantías siguientes….”
La sentencia recurrida, razona el Spuremo, ha puesto el acento en el carácter involuntario del cese partiendo de la asimilación de los términos jubilación y prejubilación sin una extensa especificación.
Sin embargo es el mismo interés en el carácter involuntario del cese común a ambas extinciones, el que sirve a la trazabilidad de la conexión entre jubilación y prejubilación. Ambas causas de cese obedecen a una misma razón, haber alcanzado el trabajador una determinada edad.
No se establece el premio cuando el cese obedece a una declaración de invalidez ni a otras causas. El cese está condicionado a la edad y la existencia del Reglamento sugiere su coetaneidad con etapas normativas en las que a través de los convenios colectivos cabía establecer la obligatoriedad del cese al acceder a la edad de la jubilación.
De esta forma, razona el Supremo, no resulta difícil aseverar que ambas fórmulas confluyen en origen en dos aspectos comunes, edad e imposición en el cese.
Ello es así hasta el punto de que en el artículo 20 del Reglamento se contempla, sin otras condiciones, obtener el premio, apartado b), al cumplirse 25 años de servicios en la empresa y su obtención, también, aunque de manera proporcional cuando antes de cumplir 25 años de servicios se produce la jubilación del trabajador, con lo que se refuerza la interpretación favorable a que es el binomio edad, cese obligatorio, cuando lo era, el determinante del reconocimiento del premio y por ello el paralelismo entre ambas fórmulas de extinción del contrato, cuando el interesado no ha llegado al número de años premiables es indiscutible debiendo acoger el apartado b) ambos supuestos por ser idéntica su razón de ser y la causa que asignalmente los justifica.
Lo anteriormente razonado, concluye el TS, sirve a la finalidad de exponer la adecuación de la interpretación que la sentencia recurrida ha efectuado de la norma reglamentaria, atendiendo a la doctrina consolidada con arreglo a la cual, STS de 18-5-2010 (Rec. 171/2009 ) que en el cuarto de sus fundamentos de Derecho se dice lo siguiente:
“Por otro lado, como reiteradamente ha señalado esta Sala del Tribunal Supremo -entre otras, STS de 27 de abril de 2001 (rec. 3538/2000 ), es doctrina constante de este Tribunal (sentencias de 12 de noviembre de 1993 , 3 de febrero y 21 de julio de 2000, con cita de igual doctrina de la Sala Primera ) ” que la interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos es facultad privativa de los Tribunales de Instancia, cuyo criterio, como más objetivo, ha de prevalecer sobre el del recurrente, salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual”.
A ello añade la sentencia de esta Sala de 20 de marzo de 1997 (recurso 3588/96 ), matiza ” que en materia de interpretación de cláusulas de convenios y acuerdos colectivos, en cuyo esclarecimiento se combinan las reglas de interpretación de las normas con las de la interpretación de los contratos, debe atribuirse un amplio margen de apreciación a los órganos jurisdiccionales de instancia, ante los que se ha desarrollado la actividad probatoria relativa a la voluntad de las partes y a los hechos concomitantes .”
Por todo ello, el TS desestima el recurso interpuesto por la empresa.
