El Supremo revoca la declaración de nulidad de un acuerdo de ERE por expiración del plazo de caducidad
Despido colectivo. Demanda presentada por autoridad laboral solicitando nulidad acuerdo por fraude. El dies a quo para el plazo de caducidad se computa a partir de 15 días que Inspección tiene para emitir informe.
Partiendo de esto, el Tribunal Supremo revoca la declaración de nulidad de un acuerdo de ERE impugnado por la autoridad laboral al entender que la acción había prescrito (sent. del TS de 21 de enero de 2021).
La aplicación de la doctrina jurisprudencial, razona el TS, lleva a la conclusión de que cuando la Autoridad Laboral presentó la demanda, el 26 de enero de 2017, la acción estaba ya caducada pues había transcurrido en exceso el plazo legal de 20 días.
En su sentencia, estima el recurso de casación interpuesto por la empresa y desestima la demanda formulada por la Dirección General de Relaciones Laborales de la Comunidad Autónoma de Murcia.
El caso concreto enjuiciado
Con fecha 6 de febrero de 2019 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia dictó sentencia declarando la nulidad del acuerdo alcanzado en el periodo de consultas (en un ERE) de fecha 24 de noviembre de 2016, por fraude de ley, dada la irregularidad en la forma de obtener la representación de los trabajadores
Por la representación legal de la empresa se formaliza el presente recurso de casación contra la Sentencia de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 6 de febrero de 2019, (Proc. 1/2017).
El recurso se articula en seis motivos (entre ellos, que al tiempo de interposición de la demanda, la acción se hallaba caducada).
La sentencia del TS
En lo que respecta al plazo de caducidad, recuerda el TS que la fijación del día a partir del cual empieza a transcurrir el plazo de caducidad para la interposición de la demanda por parte de la Autoridad laboral exige prestar atención a las normas que regulan aspectos básicos de la cuestión.
Para ello hay que partir del artículo 51.2, que en su penúltimo apartado señala que “Transcurrido el periodo de consultas el empresario comunicará a la autoridad laboral el resultado del mismo. Si se hubiera alcanzado acuerdo, trasladará copia íntegra del mismo”.
La actuación que ha de llevar a cabo la Autoridad laboral cuando se le notifica el resultado del período de consultas con acuerdo y se le acompaña copia del mismo viene impuesta imperativamente en el RD 1483/2012.
Nuestra STS de 29 de enero de 2019, Rec. 26/2018, recuerda el TS, estableció criterios sobre el cómputo del plazo de caducidad, tras reseñar que el informe de la Inspección de Trabajo que ha de solicitar la Autoridad Laboral no es algo accesorio o potestativo, sino que resulta absolutamente imperativo, de manera que no cabe entender esta actuación como algo irrelevante o accesorio.
De hecho, ese informe viene a ser el instrumento decisivo en virtud del cual la Administración demandante tiene conocimiento real de la situación jurídica del procedimiento y sus posibles vicios.
Por ello, fijamos taxativamente que ha de entenderse que el día inicial del cómputo de caducidad ha de
establecerse en aquél en el que se cumplan los 15 días que tiene fijados la Inspección de Trabajo para emitir
el informe, pero con la relevante particularidad de que ese plazo de 15 días que tiene la Inspección comenzará
a correr, como dice el art. 11.2 del Reglamento “desde la notificación a la autoridad laboral de la finalización
del periodo de consultas”.
Se equivoca, por tanto, la sentencia recurrida cuando fija el dies a quo para el inicio del plazo de caducidad el día en que la autoridad laboral recibe el informe de la Inspección en cualquier caso.
Tal posibilidad, deja claro el TS, solo puede ser válida si el informe de la ITSS se recibe dentro del plazo de 15 días que la ley prevé para su emisión. En otro caso, el momento para fijar el inicio del plazo de caducidad es aquel en el que finaliza el plazo de quince días para la emisión del informe.
La aplicación de la doctrina expuesta al caso que nos ocupa lleva a la conclusión de que cuando la Autoridad Laboral presentó la demanda, el 26 de enero de 2017, la acción estaba ya caducada pues había transcurrido en exceso el plazo legal de veinte días.
En efecto, tal como consta en la sentencia recurrida, el acta del período de consultas fue notificada a la autoridad laboral el 24 de noviembre de 2016.
A partir de dicha fecha, la Inspección de Trabajo dispuso de un plazo de 15 días para la emisión del informe; plazo que finalizó el 19 de diciembre de 2016.
Por tanto, en aplicación de nuestra doctrina, concluye el TS, a partir de ese día comenzó a correr el plazo de caducidad de veinte días hábiles que dio inicio el 20 de diciembre de 2016 y finalizó el 18 de enero de 2017.
Habiéndose presentado la demanda el 26 de enero de 2017, obvio resulta que en tal fecha la acción estaba ya caducada. Por todo ello, estima el recurso interpuesto por la empresa, revocando la sentencia dictada por el TSJ.
