El TSJ de Galicia revoca la nulidad de un despido por Covid realizado 1 día antes de entrar en vigor el art. 2 RDLey 9/2020
La llamada “prohibición” de despedir por Covid-19 (art 2 RDLey 9/2020) sigue derivando en más sentencias en los tribunales.
Esta vez es el TSJ de Galicia el que revoca la declaración de nulidad efectuada en primera instancia por el JS (despido objetivo por causas productivas; amortización del puesto debido a la situación provocada por la Covid-19).
Entiende el TSJ (sent. del TSJ de Galicia de 18 de febrero de 2021) que en el caso concreto enjuiciado no era aplicable el art.2 del RD-Ley 9/2020 a la decisión extintiva, puesto que no estaba en vigor cuando se ejecutó la comunicación del despido.
El despido se efectuó el 27 de marzo de 2020 y el RDLey entró en vigor el 28 de marzo. Aunque el JS entendió que era pública y notoria la previsión de la norma, el TSJ revoca la declaración de nulidad.
El caso concreto enjuiciado
Frente a la sentencia de instancia que declaró nulo el despido, se alza en suplicación la empresa demandada con dos motivos de recurso, amparados en:
-el ap. c) del artículo 193 LRJS, denunciando en el primero infracción por inaplicación del artículo 2.3º del Código Civil
-y por aplicación indebida del artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de Marzo
En el segundo motivo denuncia infracción del artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020,en relación con los artículos 6.3º y 6.4º del Código Civil y con el artículo 55, apartados 4º y 5º, y artículo 53.3º, 4º y 5º del Estatuto de los Trabajadores.
Mantiene la empresa que no era aplicable el art.2 del RD-Ley 9/2020 a la decisión extintiva al no estar en
vigor cuando ésta se ejecuta y, subsidiariamente, que incluso de considerarse de aplicación dicha norma no
supondría la nulidad del despido.
La sentencia de instancia argumenta que, pese al reconocimiento de la recurrente de la improcedencia del despido, debe declararse su nulidad por fraude de ley.
Razona el JS que fundándose la decisión del despido en la situación de la pandemia, no solo no sigue las vías de los arts.22 y 23 del RD-Ley 8/2020 sino que contraría la prohibición de despedir prevista en el art.2 del RD-Ley 9/2020 cuando esta última norma estaba pendiente de publicación, pero era pública y notoria tal previsión.
La sentencia del TSJ
El TSJ da la razón a la empresa y revoca la declaración de nulidad del despido, declarando su improcedencia.
Es en el RD-Ley 9/2020 cuando se introduce el art.2 que prevé que
“La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”.
Ahora bien, deja claro el TSJ, sea cual fuere la consecuencia legal que pudiéramos derivar de tal precepto (en lo que no vamos a entrar por resultar indiferente para las consecuencias de esta litis),lo cierto es que dicha norma no estaba en vigor en el momento en que se extingue el contrato de trabajo el 27 de marzo.
Esto es así pues conforme al art.2.3 CC y la previsión contenida en la Disposición final tercera, entró en vigor el día de su publicación, 28 de marzo.
No puede, por tanto, deja claro el TSJ, ni considerarse que se infringe una prohibición que legalmente no existía ni calificarla de fraude de ley.
Para que quepa considerar fraudulento eludir los efectos de una norma, ésta tiene que estar en vigor y de acuerdo al principio de seguridad jurídica ex art.9.3 CE, en tanto no se publicara en el BOE, el art.2 discutido no estaba vigente y la recurrente podía, incluso conscientemente, adelantarse a su previsión.
En razón de ello, no cabe la declaración de nulidad del despido.
Por tanto, y dado que la empresa no aportó pruebas de la causa del despido, tal y como se describe en la carta, sino que admitió expresamente la improcedencia del despido, tal debe ser la calificación.
