El TS reitera su doctrina sobre la amortización del puesto y el criterio de la "razonabilidad" en caso de despido objetivo
El Tribunal Supremo ha reiterado su doctrina sobre la “razonabilidad” y “proporcionalidad” en caso de despido objetivo y amortización del puesto (contratación anterior al despido de otro trabajador que asume, entre otras, las funciones que realizaba el despedido (STS de 19 de diciembre de 2023, reitera doctrina STS 732/2023)
El TS estima el recurso interpuesto por la empresa y revoca la sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana que declaró la improcedencia del despido. Se declara firme la SJS que declaró la procedencia del despido.
El caso concreto enjuiciado
La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar cuál es la calificación que haya de darse a un despido objetivo en el que han quedado acreditadas las causas económicas, pero cuando se ha contratado a un trabajador en fechas próximas anteriores al despido.
En concreto, cuál es la trascendencia que pueda tener el hecho de que, en fechas próximas anteriores al despido del trabajador y posteriores al despido de otros varios por las mismas causas, se haya procedido a la contratación de un trabajador que ha acabado asumiendo, entre otras, las funciones que desarrollaba el trabajador despedido y se ha reorganizado el departamento en el que trabajaba el demandante con motivo de la compra de la empresa por otras del grupo mercantil no patológico.
La sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social núm. 8 de Valencia, con desestimación íntegra de la demanda, declaró la procedencia del despido objetivo.
La sentencia aquí recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 3 de mayo de 2021, Rec. 4372/2021, revocó el fallo combatido y con parcial estimación de la demanda, declaró la improcedencia del despido con las consecuencias legales inherentes a tal declaración.
La sentencia del Supremo: contratar a un trabajador poco antes de despedir no implica necesariamente la improcedencia del despido objetivo
El TS estima el recurso interpuesto por la empresa declarar la firmeza de la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 8 de Valencia, de fecha 4 de marzo de 2021 (despido procedente). Se remite, entre otras, a STS 732/2023, de 10 de octubre (Rcud. 3103/2021).
Cuando no puede constatarse incidencia relevante en la conexión entre las contrataciones y la amortización de las relaciones laborales del despido que se examina, al órgano judicial no le corresponde hacer un juicio de oportunidad sobre dicha gestión empresarial, estando la función judicial dirigida al análisis de la legalidad de la causa justificativa del despido, la razonable adecuación entre las causas y medida, y la apreciación de posibles vulneraciones de derechos fundamentales, o, en su caso, de actuaciones fraudulentas o contrarias al principio de buena fe ( STS 1021/2020, de 18 de noviembre, Rec. 62/2020).
La aplicación de la doctrina expuesta al supuesto que examinamos lleva a la conclusión de que la doctrina correcta se encuentra en la sentencia de contraste; en ella, al comprobar que, según la sentencia allí recurrida, de la conversión de contratos temporales en fijos se infería que el despido enjuiciado no era razonable, señala con rotundidad que esa inferencia no es jurídicamente correcta ya que, por un lado es excesivamente abierta; y, por otro, porque desborda el marco en el que ha de desenvolverse el control judicial de los despidos económicos.
Aplicando esto al caso concreto enjuiciado, la contratación de un trabajador, llevada a cabo cuatro meses y medio antes que el despido del trabajador, lo fue en calidad de Director de Organización y que se le asignaron funciones de coordinación de los departamentos, financiero, de recursos humanos y de sistemas.
También se contrataron otros tres trabajadores y se despidieron a varios trabajadores, en el marco de una reorganización total de los recursos humanos en el departamento como consecuencia de la compra de la empresa por otras del grupo mercantil.
Entiende el TS que no hay, por tanto, una mera sustitución anticipada de un trabajador por otro, sino una reorganización de recursos humanos que se sitúa, sin duda, en el ámbito de actuación de la libertad del empresario en la ordenación de los recursos humanos en la empresa, ya que consta, igualmente, que la demandada procedió al despido de otros ocho trabajadores por las mismas causas que al actor y, también, que forma parte de un grupo mercantil, expresamente calificado de no patológico y que, con anterioridad al despido que se enjuicia, la recurrida fue comprada por otras empresas del grupo que modificaron el organigrama de los recursos humanos.
Como establece nuestra STS de 15 de octubre de 2003, Rcud. 1205/2003, aquí traída como referencial, la valoración de estas circunstancias concretas de la vida de la empresa corresponde en principio al empresario, desbordando normalmente el ámbito del control judicial en el despido objetivo, ya que éste es un control de legalidad de los concretos despidos enjuiciados, limitado a juzgar sobre la razonabilidad del mismo aplicando el estándar de conducta del buen empresario y no puede convertirse en una valoración global o conjunta de la política de personal de la empresa.
Y es que, en el supuesto que examinamos, las necesidades de la empresa en relación con la gestión de su plantilla no permiten colegir que ésta se limitara a la sustitución de unos contratos de trabajo por otros.
Habiendo quedado acreditado que la actualización de la causa económica afecta al puesto de trabajo del trabajador y no existiendo ningún elemento de hecho que permita sostener con una mínima base indiciaria que en lugar de una amortización de un puesto de trabajo lo que se ha pretendido es sustituir un empleo por otro, la decisión extintiva aquí analizada no puede tildarse de falta de razonabilidad, ya que la actuación empresarial queda dentro su libertad de gestión.
En todo caso, era al trabajador a quien correspondía acreditar esa falta de razonabilidad mediante la prueba de hechos con la necesaria precisión, pues la empresa cumple, en principio,
con la carga que le incumbe probando la existencia de la causa y su conexión con la medida extintiva adoptada
