El Tribunal Supremo declara el derecho de una dependienta a percibir la prestación por riesgo durante el embarazo
Importante sentencia del Tribunal Supremo en la que determina (ratificando la sentencia del TSJ y frente al criterio de la mutua) el derecho de una trabajadora (dependienta) a percibir la prestación por riesgo durante el embarazo (sentencia del TS de 10 de diciembre de 2018).
El caso concreto enjuiciado
Una trabajadora, con categoría profesional de dependienta, inició situación de incapacidad temporal el 18 de junio de 2012 durante el cual se sometió a un tratamiento de captación ovocitaria iniciando por esta razón el 16 de junio del mismo año situación de incapacidad temporal por embarazo de alto riesgo tras fecundación in vitro.
En el parte de baja figuraba como causa “esterilidad femenina de origen no especificado” abonando el INSS las correspondientes prestaciones entre el 18 de junio de 2012 y el 6 de febrero de 2013.
El 5 de mayo de 2015 la Mutua dictó resolución denegando la prestación derivada de riesgo en el embarazo que fue impugnada en la vía jurisdiccional, desestimando la demanda el Juzgado de lo Social.
En suplicación se estimó el recurso de la demandante dejando sin efecto la resolución de la mutua y se condena a dicha entidad a abonar a la trabajadora las prestaciones de riesgo durante el embarazo por el período comprendido entre el 18 de junio de 2012 y el 6 de febrero de 2013.
Razona la sentencia del TSJ que un puesto de trabajo que exige bipedestación y deambulación prolongadas ya constituye en sí una situación de riesgo para el embarazo a lo que debe añadirse que el suyo es de alto riesgo dada la situación clínica que le precede.
Recurre la Mutua demandada en casación para la unificación de doctrina y ofrece como sentencia de contraste
la dictada el 28 de mayo de 2013 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
La sentencia del TS
El Tribunal Supremo ratifica la sentencia dictada por el TSJ y da la razón a la trabajadora, compartiendo el criterio del TSJ (exigencia de bipedestación y deambulación prolongada).
En su sentencia, el TS recuerda que el artículo 26 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre incluye en la evaluación de los riesgos, en general, y para el caso particular de la protección de la maternidad, la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo específico.
En este sentido, razona el TS, se encadena la noción de riesgo por lo tanto a dos hechos:
1. En primer lugar la existencia de un embarazo que no presenta anomalías específicas salvo las molestias habituales que no comprometen su resultado.
2. En segundo lugar, a que esa situación de evolución natural pueda verse afectada por la incidencia de elementos ajenos al embarazo pero intrínsecos al puesto de trabajo de las que solo quepa alejar a la embarazada o al feto modificando el desempeño o excluyéndolo de modo absoluto mediante un cambio de puesto.
Si bien es cierto, razona el Supremo, que en el caso sometido a nuestra consideración el embarazo de la trabajadora supone en si mismo una circunstancia de riesgo para la trabajadora y el feto incompatible en forma hipotética con cualquier actividad laboral pues ello incluiría desplazamientos diarios desde su domicilio con sujeción a horario y disciplina, considera esta sala, concluye el TS, “que en el caso de la trabajadora, su profesión de dependienta, actividad que conlleva la bipedestación prolongada, unido a la falta de constancia de una oferta de cambio de puesto, implican la presencia de un riesgo cierto”.
Y esto es así, concluye el TS, aún cuando a lo largo de la gestación las iniciales dificultades de
adaptación tras la implantación artificial, hubieran sido superadas.
Por todo ello, el TS desestima el recurso interpuesto por la mutua y ratifica la sentencia dictada por el TSJ.
