El Supremo avala el registro de un Plan de Igualdad por silencio administrativo
Importante sentencia del Tribunal Supremo en torno a los Planes de Igualdad. Opera el silencio administrativo (plazo de tres meses) y, por tanto, si la Administración no responde se entiende registrado el Plan de Igualdad (STS de 11 de abril de 2024, ratifica lo sentenciado por el TSJ de Madrid).
El TS desestima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado en representación de la Administración General del Estado. Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 533/2022, de 30 de septiembre (procedimiento 437/2022).
El caso concreto enjuiciado
Por la representación letrada de una empresa se presentó demanda sobre impugnación de actos de la administración, de la que conoció la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
En fecha 30 de septiembre de 2022 se dictó sentencia por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que consta el siguiente fallo:
“Que estimando íntegramente la demanda, debemos declarar y declaramos no conforme a Derecho la resolución impugnada, que se deja sin efecto, al haber operado el silencio administrativo positivo, por lo que se estima la admisión de la solicitud de inscripción y registro del Plan de Igualdad de la empresa ante la Autoridad Laboral”
Recurre el abogado del Estado ante el Tribunal Supremo y se desestima su demanda (opera el silencio administrativo positivo y, por tanto, debe registrarse el Plan de igualdad).
La sentencia del Supremo: silencio administrativo y registro del Plan de Igualdad
El TS ratifica lo sentenciado por el TSJ de Madrid.
Razona el TS que el 1 de julio de 2021 la empresa solicitó el correspondiente registro a la autoridad laboral. El 6 de julio de 2021 la Administración pública le requirió para que subsanara defectos. El día 20 de julio de 2021 la empresa presentó un escrito de alegaciones. Fue requerida el 18 de agosto de 2021 para que subsanara los defectos apreciados.
El 8 de septiembre de 2021 la empresa contestó a las últimas alegaciones de la Administración pública. El 29 de diciembre de 2021 la autoridad laboral dictó resolución administrativa expresa desestimando
la inscripción de su Plan de Igualdad.
Cuando se dictó la resolución expresa denegatoria, había transcurrido el plazo de tres meses establecido por el art. 24.1 de la LPAC, por lo que la solicitud de inscripción debe considerarse estimada por silencio administrativo positivo.
De conformidad con la doctrina jurisprudencial, el silencio administrativo positivo impide que posteriormente se dicte una resolución administrativa expresa denegatoria que contravenga lo estimado por silencio administrativo positivo.
Se trata de una garantía cuya finalidad es impedir que los derechos de particulares se vacíen de contenido cuando Administración no atiende eficazmente sus funciones. Su operatividad impide que la Administración pueda efectuar un examen sobre la legalidad intrínseca del acto presunto. Solo puede revisar el acto presunto mediante los correspondientes procedimientos revisorios.
En consecuencia, la resolución administrativa desestimatoria extemporánea carece de eficacia jurídica.
Por tanto, el TS desestima el recurso interpuesto por el abogado del Estado.
