El Supremo unifica doctrina en torno al pago de la prestación por IT en caso de despido de un trabajador que sufre un accidente el día antes de reincorporarse al trabajo tras una excedencia
El Tribunal Supremo acaba de unificar doctrina en torno al pago del subsidio de incapacidad temporal (IT) de quien, hallándose en situación de excedencia por cuidado de hijo, sufre un accidente el día antes de su reincorporación al trabajo (último día de la situación de excedencia) y el día de la incorporación es despedida.
El Supremo da la razón a la trabajadora (frente a la mutua y a la empresa) y determina que aunque es cierto que la situación de excedencia no forzosa, no es asimilable al alta, si la trabajadora reúne todos los requisitos en el momento de incorporarse a su puesto de trabajo para lucrar la prestación de IT desde esa fecha, tiene derecho a percibirla.
El caso concreto enjuiciado
Una empleada prestaba servicios para la UTE (XX) desde el 7-9-1999 con categoría de limpiadora.
El 28-11-2014 solicitó al empresario y obtuvo licencia especial del 2 al 31-12-2014 y que fueron las partes prorrogando en sucesivas ocasiones hasta el 31-3-2015.
La empresa demandada con fecha de 1 de abril de 2015 dio de alta laboral ante la Seguridad Social, tras finalizar la excedencia.
El 26-3-2015 la demandante es dada de baja por IT siendo dada de alta el 14-6-2015. Solicita la prestación de IT a la mutua Universal que se la deniega alegando que corresponde el
pago delegado al empresario.
Solicita también la prestación al INSS que resuelve el 8-2-2016 indicando que la prestación debe abonarse por la Mutua.
La base reguladora asciende a 47,52 euros diarios.
El Juzgado de lo Social desestima la demanda formulada por la trabajadora y absuelve a las demandadas Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Mutua Universal y Utes de las pretensiones deducidas en su contra. El TSJ ratificó la sentencia del Juzgado de lo Social.
Recurre la trabajadora ante el Supremo, interponiendo recurso de casación para la unificación de doctrina y ahora el TS le da la razón.
La sentencia del TS
En primer lugar, el Supremo reconoce que en relación con las situaciones de excedencia, el legislador ha querido que sólo la excedencia forzosa constituya circunstancia que, con arreglo al art. 125.2 LGSS, puede ser considerada como asimilable al alta “para determinadas contingencias, con el alcance y condiciones que reglamentariamente se establezcan”.
Ninguna duda cabe, pues, que no es asimilable al alta la situación de excedencia voluntaria -como tampoco lo era la excedencia por cuidado de hijo en el supuesto analizado en la sentencia de contraste-. La referencia expresa a la naturaleza forzosa de la excedencia impide su equiparación con otros supuestos de excedencia distintos, como es el caso de la excedencia voluntaria o lo era en la excedencia por razones familiares, pues sólo a la primera se la dota de aquella consideración.
Ahora bien, deja claro el Supremo, de lo que se trata ahora es de examinar cuál debe ser el momento en que ha de reunirse el citado requisito en relación con la prestación por incapacidad temporal por contingencias comunes. A tal fin, el art. 130 LGSS dispone quienes serán los beneficiarios del subsidio por incapacidad temporal.
La remisión al art. 124.1 LGSS implica la necesidad de cumplir con la condición general, según la cual “las personas incluidas en el campo de aplicación de este Régimen General causarán derecho a las prestaciones del mismo cuando, además de los particulares exigidos para la respectiva prestación, reúnan el requisito general de estar afiliadas y en alta en este Régimen o en situación asimilada al alta, al sobrevenir la contingencia o situación protegida, salvo disposición legal expresa en contrario”.
Finalmente, recordemos que la situación protegida es, a estos efectos y conforme al art. 128.1 a) LGSS, “la enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, …”.
De este último precepto, razona el Supremo, se deriva que la protección del sistema de Seguridad Social se dispensa cuando el trabajador/a acredite la necesidad de recibir asistencia sanitaria y esté impedido/a para el trabajo. Ello supone que, ciertamente, la situación protegida se identifica con el inicio de la enfermedad o el acaecimiento del accidente.
Ahora bien, no basta con que enfermedad o accidente concurran, sino que es preciso que éstos provoquen la imposibilidad temporal de trabajar, así como la necesidad añadida de asistencia sanitaria. El hecho causante de la prestación se produce cuando se actualiza la contingencia protegida, siendo en dicho momento en el que la ley exige el cumplimiento de los requisitos que condicionan el acceso a la protección.
Las normas legales exigen la concurrencia de una serie de requisitos para el acceso a la prestación. Entre ellos se encuentra el impedimento para trabajar. Por consiguiente, sólo de tratarse de trabajadores que están en disposición de trabajar cabrá examinar si, efectivamente, la enfermedad o el accidente en cuestión les producen la imposibilidad de hacerlo.
La dinámica de la prestación exige partir de la fecha de la baja, determinante para el nacimiento del derecho, cuando, efectivamente, sólo si existe una pérdida de retribuciones debida a la inactividad ocasionada por las dolencias incapacitantes; de otro modo no cabe entender que se haya producido una verdadera baja médica puesto que, con independencia de la constatación del estado de salud del trabajador, carece de relevancia constatar una imposibilidad para trabajar de quien no se halla en activo, ni en disposición de hacerlo (situación de desempleo).
Difícilmente, razona el Spuremo, puede aceptarse que el hecho causante se fije en un momento en que no hay prestación efectiva de trabajo, ni percepción de salarios ( STS/4ª de 26 mayo 2003 -rcud. 2724/2002-). La situación protegida no nace hasta el momento en que el trabajador debe incorporarse a su actividad y ésta se ve imposibilitada por razón de su incapacidad temporal, por lo que la efectividad de la prestación no puede reconocerse hasta que no se acredite la concurrencia de todas las condiciones exigidas en el mencionado art. 124 LGSS ( STS/4ª de 24 noviembre 1998 -rcud. 1206/1998-).
Por todo ello, el Tribunal Supremo falla a favor de la trabajadora y declara su situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común con efectos de 1 de abril de 2015, con
derecho al abono del subsidio calculado sobre la base reguladora diaria de 47,52 €, hasta el 14 de junio de 2015, fecha del alta médica, con cargo a la empresa y a la Mutua demandadas, con arreglo a sus respectivas obligaciones legales.
