Despido y vacunas Covid-19: Declarado improcente (no nulo) un despido (trabajadora de una residencia) al no acreditarse que la razón fuera la negativa a vacunarse
Despido y vacunas Covid19: “habemus” ya pronunciamientos judiciales. En esta sentencia se descarta la nulidad de un despido al entender que no ha quedado acreditado que la razón real fuese la negativa a vacunarse.
Razona el tribunal (la trabajadora trabajaba en una residencia como gerocultura) que no se acredita que haya existido ningún tipo de represalia por el hecho de no vacunarse.
En éste sentido, ni tan siquiera acredita la trabajadora el momento en que se le ofreció la vacunación, lo que resulta necesario, señala la sentencia, para examinar la posible relación entre ese ofrecimiento y la negativa.
Se declara la improcedencia del despido, descartándose la nulidad (sent. del JS de Oviedo de 5 de mayo de 2021).
El caso concreto enjuiciado
Aproximadamente en el mes de diciembre del año 2.020, la Consejería de salud requirió a la empresa un listado con los residentes y trabajadores que deseasen vacunarse frente al Covid-19.
El Director de la residencia, a través del grupo de whatsapp de los trabajadores, preguntó quiénes estaban dispuestos a vacunarse, en cuyo caso debían facilitar su nombre y documento nacional de identidad.
La trabajadora, junto con otras cuatro compañeras, manifestó su intención de no vacunarse.
El día 15 de enero de 2.021 la actora inicia situación de incapacidad temporal, derivada de enfermedad común, con el diagnóstico de crisis/ataque de ansiedad. Ese parte de baja lo remitió a la empresa.
El día 18 de enero de 2.021, a las 13,25 horas, la empresa remite a la trabajadora burofax comunicándole su despido disciplinario.
Se alega como causa del despido las ausencias al puesto e incumplimiento grave y culpable de las obligaciones por parte de la trabajadora.
Solicita la defensa de la trabajadora la declaración de nulidad (alegando que el motivo del despido fue su negativa a vacunarse y un supuesto acoso por parte de la empresa para obligarla a vacunarse) y, subsidiariamente la improcedencia.
La sentencia
El JS descarta la declaración de nulidad.
En el suplico de la demanda se señala que se ha violado su derecho fundamental a la integridad física y psicológica.
Razona la sentencia que, alegándose la existencia violación de derechos fundamentales debe tenerse en cuenta que los artículos 96.1 y 181.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establecen unas previsiones especiales sobre la prueba.
No se regula en los mismos una auténtica inversión de la carga de la prueba en sentido técnico jurídico estricto, sino que se trata de una distribución de la carga de la prueba.
Así la posición de la parte actora (trabajadora), recuerda el tribunal no puede limitarse solo a la mera alegación de discriminación o vulneración de derechos fundamentales, sino que debe mostrar “indicios racionales” ( STC 34/1984 y STC 38/1986), una “razonable sospecha” ( STC 114/1989), o “una presunción o apariencia de discriminación o lesión” ( STC 21/1992).
Y, en el caso de autos, razona la sentencia, lo único que se recoge en la demanda es que la trabajadora fue objeto de un supuesto acoso constante por parte de la empresa, generando inestabilidad, agravado a causa de la negativa a vacunarse.
Pues bien, razona el tribunal, en el acto del juicio, que es cuando debe acreditarse la existencia de esos comportamientos, no se realiza la más mínima prueba de la existencia de acoso por parte del empresario, ni tampoco que haya existido ningún tipo de represalia por el hecho de no vacunarse.
En éste sentido, ni tan siquiera acredita la trabajadora el momento en que se le ofreció esa vacunación, lo que resulta necesario para examinar la posible relación entre ese ofrecimiento y la negativa.
Lo único que se desprende del interrogatorio del empresario, que además reconoce que no tomó ningún tipo de represalia, sino que suscribió un nuevo contrato con la trabajadora, es que la pregunta relativa a quién quería vacunarse se hizo en el mes de diciembre.
Teniendo en cuenta, razona el tribunal, que el despido se produjo el día 18 de enero, parece existir tiempo suficiente para entender que no existe ninguna relación entre esa negativa y la vacunación.
Es más, alega el representante de la actora, al interrogar a los testigos, que existía un grupo de whatsapp en el que se
habló de la vacunación y se hizo comentarios relativos a las trabajadoras que se negaron a vacunarse, pero no
se aportan tales conversaciones, que permitirían acreditar la fecha en que ocurrieron esos hechos y la actitud
mantenida por el empresario.
Además, declara como testigo Dolores , que tampoco aceptó ser vacunada, y manifiesta que no se tomó ningún tipo de represalia frente a las trabajadoras que no quisieron vacunarse, ni se cambiaron los turnos y que todas ellas, a excepción de la actora, siguen prestando servicios en la empresa.
Por tanto, no existe un sólo indicio que permita concluir ni que la trabajadora estaba siendo objeto de un comportamiento hostigador, vejatorio y degradante por el empresario, ni que el hecho de haberse negado a ser vacunada haya tenido ninguna relación con el despido.
Por todo ello se descarta la nulidad. Se declara la improcedencia porque los hechos argumentados en la carta de despido no han quedado acreditados.
