El TSJPV declara nulo el despido colectivo de 61 trabajadores de una empresa de paquetería (más cesión ilegal de trabajadores)
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha declarado nulo el despido colectivo de los 61 trabajadores de una empresa de paquetería, con sede en Oiartzun (Gipuzkoa) y dedicada al reparto de paquetería para una empresa cliente, y ha ordenado su readmisión por parte de esta última (STSJ de Bilbao de 21 de noviembre de 2023).
El tribunal ha estimado la demanda interpuesta por el sindicato ELA y ha declarado nula la decisión extintiva colectiva y ha establecido la obligación de readmisión de manera solidaria de los trabajadores despedidos en iguales circunstancias a las que regían con anterioridad a la extinción.
El TSJPV ha declarado asimismo la existencia de “cesión ilegal de trabajadores” entre las empresas y ha condenado a ambas a pagar a ELA de manera solidaria 5.000 euros en concepto de indemnización por vulneración de los derechos fundamentales de libertad sindical y garantía de indemnidad.
El caso concreto enjuiciado
El presente procedimiento se refiere a la totalidad de trabajadores que prestaban servicios para la empresa S, siendo el número de afectados de 61.
La empresa ha tramitado un expediente de extinción colectiva respecto a los trabajadores que prestaban servicio en el centro de Oiartzun, constituyéndose la Comisión Negociadora de la representación de los trabajadores y llevándose a cabo, previa convocatoria del 2 de mayo de 2023, las reuniones los días 3, 16, 23 y 30 del indicado mes.
La empresa comunicó a la autoridad laboral su solicitud y aportó diversa documental, y entre ella se incluía memoria explicativa e informe técnico confeccionado por ella misma y su asesoría externa.
En la memoria se aludía a que se llevaba a cabo una prestación de servicio en la denominada distribución capilar o de última milla, en la forma determinada por el cliente, sujetándose a su dirección y que existe un incremento de costes salariales del centro de Oiartzun respecto a otros centros del 38%
En la última reunión de 30 de mayo de 2023 se tuvo por finalizado el periodo de consultas con el resultado de sin acuerdo, remitiéndose por la empresa un correo a la representación de los trabajadores en el despido colectivo comunicándoles la decisión de extinción de la totalidad de los contratos de trabajo.
La sentencia del TSJ del País Vasco: Despido nulo y cesión ilegal de trabajadores
El TSJ estima la demanda interpuesta por el sindicato ELA y declara la existencia de cesión ilegal de trabajadores y despido colectivo (ERE) nulo. En concreto:
Se condena solidariamente a las empresas A y D a que readmitan a los trabajadores en iguales circunstancias a las que regían con anterioridad a la extinción, y les abonen los salarios dejados de percibir desde los efectos de la extinción en cada trabajador hasta la notificación de la presente sentencia, debiendo reintegrar los afectados las indemnizaciones percibidas
Se declara la existencia de cesión ilegal de trabajadores entre las empresas S y A a las que se les condena a abonar al sindicato accionante con carácter solidario la suma indemnizatoria de 5000 €,
por vulneración de los derechos fundamentales.
Sobre la existencia de cesión ilegal razona, entre otros, el TSJ que si nos adentramos en mayor medida en la forma en que se lleva a cabo la subcontrata, tal y como se nos muestra en el contrato suscrito y según lo manifestado por las partes, observaremos que, por un lado, se evidencia que A ostenta facultades directas frente a los trabajadores de S como si fuese su real empresario; y, de otro, el sistema productivo, léase el transporte que se realiza, se lleva a cabo en el complejo organizativo que diseña aquella empresa, A, con un control efectivo y permanente del mismo que comprende todo el proceso del transporte, desde su inicio hasta el final, afectando la supervisión tanto a los medios materiales como personales.
El examen de la documental aportada evidencia una realidad, la que no se ha considerado necesario completar con otras pruebas en el juicio, las que solo podían redundar en lo que en ella consta.
Examinada la prueba, incluyendo la pericial, podemos deducir una operativa que nos conduce a una cesión ilegal de trabajadores.
Y cuanto al ERE (Despido colectivo), entiende el TSJ que no ha quedado acreditada la causa organizativa. No nos consta una acreditación de la causa, la medida es indefinida y poco explicitada, apreciamos más bien en lo que refiere la empresa, como motivos de su decisión, una extinción por voluntad de ella, en cuanto que el proyecto que diseñó no ha funcionado como lo esperaba; sus previsiones, de hace tres años, no se han confirmado, pero lo que sí se objetiva es que la empresa tenía trabajo y pedidos, que no se le ha limitado el importe de la contratación tanto económico como de volumen.
Debía aportarse, cuando menos en el expediente, una reorganización no un cierre del centro.
Además, la carta remitida a los trabajadores se muestra insuficiente, vaga e imprecisa aludiendo a la dispersión geográfica, dificultades en el reclutamiento de personal o de suministro de vehículos, pero no oferta ninguna organización, aludiendo a causas que más parecen económicas que organizativas.
En consecuencia, consideramos injustificada la medida pues no se nos acredita la causa organizativa.
