Ratificada la procedencia del despido de una trabajadora (pescadera) que se negó a colocarse bien la mascarilla y se encaró con un cliente
Despidos y Covid-19: El TSJ de Cantabria ha ratificado el despido disciplinario de una trabajadora (pescadera) que se negó a ponerse bien la mascarilla y se encaró con un cliente que le recriminó su actitud.
En su sentencia (sent. del TSJ de Cantabria de 11 de mayo de 2021), ratifica la sentencia dictada en su día por el Juzgado de lo Social y que te contamos también en nuestro blog.
El caso concreto enjuiciado
Una clienta se dirigió a la responsable de la tienda para quejarse de que la dependienta de pescadería, al decirle que no llevaba bien puesta la mascarilla, puesto que la llevaba por debajo de la nariz, le había respondido mal.
En concreto, se encaró con ella y le dijo que “ella no era policía para decirle lo que podía hacer”.
Ante esta situación, la encargada se dirigió junto con la clienta a la sección de pescadería y “recriminó a la empleada el incorrecto uso de la mascarilla y el trato a la cliente”.
Entonces, según recoge la sentencia, la dependienta se dirigió a la cliente con expresiones como “si no te gusta, te vas” o “si quieres lo arreglamos en la calle, sin uniforme”.
La encargada del establecimiento “intentó calmar a la trabajadora sin conseguirlo” y, finalmente, se fue con la clienta, a la que pidió disculpas.
La empresa consideró que la trabajadora había cometido tres faltas graves:
- vulneración de las normas de seguridad
- falta notoria de respeto o consideración al público, y
- malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad, falta de respeto y consideración a jefes, compañeros y público en general.
Por ello, procedió a su despido disciplinario,
El JS declaró la procedencia del despido y ahora el TSJ de Cantabria ratifica su sentencia.
La sentencia del TSJ
El TSJ ratifica la declaración de procedencia del despido al entender que los hechos imputables a la trabajadores son muy graves y relevantes, con desconocimiento de los poderes y facultades de dirección que la Ley otorga al empresario, y haciendo caso omiso de requerimientos y órdenes, pasando al mal trato verbal a superior y cliente.
Todo ello fundamenta la acción disciplinaria empresarial en el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio aplicables.
Los hechos imputados y probados, calificados como mal trato de palabra o falta de respeto y consideración a
jefes/as o al público en general (art. 70c.5); y la vulneración de normas de seguridad, incluida la no utilización
de los equipos de protección individual, se califican de falta grave, salvo que de la misma se pueda poner en
grave riesgo la seguridad y salud del empleado/a o del resto de compañeros/as o terceras personas, en cuyo
caso se considera falta muy grave (art. 70.b. 3 del convenio).
Supuestos muy graves aquí concurrentes, cuando del uso incorrecto de la mascarilla, precisamente, se pone en riesgo la salud, propia, de clientes y compañeros, en el marco de la COVID-19.
Esto convierte su acción no solo en peligrosa, sino en desconsiderada e inaceptable, en el marco del régimen
de disciplina impuesto por la demandada; que, rompe la convivencia, en los términos imputados en la carta
de despido.
La falta imputada tiene su fundamento en los artículos 5.a), 20.2 y 54.2.b) y c) del ET y Convenio aplicable,
que establecen como falta muy grave sancionable con despido, la desobediencia y los malos tratos de palabra
a superiores.
La doctrina jurisprudencia admite este quebrantamiento como justificador de la ruptura contractual, por voluntad del empresario, sin que precise que se causen daños reales, bastando con la justificación de la pérdida de confianza por parte del empresario.
