Declarado nulo un despido objetivo por ineptitud sobrevenida aplicando la Ley 15/2022 (informe deficiente del servicio de prevención de riesgos)
Sentencia muy relevante porque apenas hay pronunciamientos en torno al despido objetivo por ineptitud sobrevenida y el impacto de la Ley 15/2022 de igualdad de trabajo y no discriminación. En esta sentencia, se declara nulo el despido y se impone además indemnización de 7.501 euros en concepto de daños morales (STSJ de Galicia de 27 de marzo de 2024).
Se estima en parte el recurso interpuesto por el trabajador y se declara la nulidad del despido del despido, condenando a la empresa a estar y pasar por esta declaración y a readmitirle en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían con anterioridad, así como al abono de los salarios de tramitación.
No obstante, en cuando a la indemnización solicitada por daños morales se rebaja la cifra pedida por el trabajador y se fija una indemnización de 7.501 euros frente a los 15.000 que se pedían.
La sentencia: despido nulo. Ineptitud sobrevenida (Ley 15/2022)
Frente a la sentencia del JS que declaró la improcedencia del despido, el TSJ lo declara nulo aplicando lo dispuesto en la Ley 15/2022.
Razona el TSJ que la propia Ley 15/2022 en su artículo 30.1 dispone que: “de acuerdo con lo previsto en las leyes procesales y reguladoras de los procedimientos administrativos, cuando la parte actora o el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”, lo que nos sitúa en el ámbito de la LRJS, en sus artículos 96.1 y 181.2.
Pues bien de las circunstancias fácticos relatadas resulta que el actor tras un proceso de IT derivado de ANL de casi dos años de duración del 16-07-2020 al 14-02-2022 por una lesión en una vértebra, tras reincorporarse al trabajo, a escasos meses, el 03-08-2022 sufrió nuevo AT que le produjo dorsalgia y nuevo proceso de IT hasta el 13-11-2022. y tras la reincorporación al trabajo, a instancias de la empresa el 16-11-2022 se le sometió a reconocimiento médico por el SPRL que emitió informe calificándole de no apto para determinadas tareas, y con fecha de 23-1-2023 la empresa le entrego carta de despido por ineptitud sobrevenida.
A la vista de lo expuesto, concurren indicios de discriminación, a saber, una larga situación de IT derivada de ANL de casi dos años de duración, tras la reincorporación nueva baja de IT por AT, y tras la reincorporación, inmediatamente se le somete por el servicio de prevención de riesgos laborales de la empresa demandada a un reconocimiento médico declarándole no apto para determinadas tareas de su puesto de trabajo.
Tal conducta resulta sin duda indiciaria de discriminación, pudiendo apreciar que la verdadera causa, que mueve a la empresa para poner fin a la relación laboral, es la situación de enfermedad, que el trabajador venia padeciendo desde el 16- 07-2020.
Por tanto, a la empresa le corresponde la carga de acreditar y justificar el despido y que el mismo es ajeno a cualquier motivo discriminatorio o que le mismo tenga por móvil la enfermedad del trabajador.
Pues bien lo cierto es que, la Sala considera que la empresa no ha aportado tal justificación; Y ello por cuanto que, si bien la causa invocada por la empresa en la carta de despido es la ineptitud sobrevenida del trabajador, y aun cuando pudiera parecer tal causa como real, lo cierto es que el informe de aptitud del trabajador elaborado por el Servicio de prevención de riesgos laborales (SPRL) de la empresa, es un informe deficiente, pues no contiene ningún tipo de razonamiento de las razones por las que se concluye la ineptitud del trabajador para el desarrollo de su puesto de trabajo.
Esto es así puesto que no se recoge en el informe ni siquiera ningún tipo de patología que pudiera ser impeditiva para su trabajo, ni se relaciona patología alguna con las funciones de su puesto y las dificultades que la supuesta patología le ocasionan para las mismas.
Por tanto, el TSJ concluye que estamos ante un despido sin causa real, producido con evidente conexión temporal con la última baja médica causada por el trabajador y sin motivo alguno para el mismo, lo cual supone una evidente discriminación por razón de enfermedad, prohibida expresamente por el art 2.1 de la ley 15/2022, vulnerando asimismo el artículo 14 de la CE, y el artículo 15, del mismo texto –
En cuanto a la indemnización por daños morales, se reitera en recurso una petición de 15.000 euros, en aplicación de la jurisprudencia que viene aplicando, como criterio orientador en la determinación del daño moral, las sanciones pecuniarias previstas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (en este sentido, SSTS de 02-02-2015 – rec 279/13-, de 12-07-2016 – rec 361/14 o de 02-11-2016 – rec 262/15-).
En el caso de autos, en aplicación orientativa del art. 8.12, en relación con el art. 40.1 c) LISOS, procede fijar la indemnización en 7.501 euros, mínimo previsto en el citado precepto, y dado que no concurren especiales circunstancias que determinen una indemnización superior, ni especiales perjuicios, más allá del daño moral así indemnizado el cual se presume al amparo del art. 27.1 Ley 15/2022.
