Declarado nulo el despido de un trabajador al que la compañía despidió meses después de que varios empleados se quejaran de las condiciones laborales de la empresa
Interesante sentencia del TSJ de Asturias en la que declara nulo (frente a la declaración de improcedencia del Juzgado de lo Social) el despido de un trabajador (asesor comercial), efectuado en julio de 2018, al entender que fue, en realidad, una represalia de la empresa por el hecho de que ocho empleados presentaran un escrito (en noviembre de 2017) quejándose de sus condiciones laborales (sentencia del TSJ de Asturias de 22 de enero de 2019, que declara nulo el despido por vulneración de la garantía de indemnidad).
El caso concreto enjuiciado
Ocho trabajadores que prestaban sus servicios para una compañía como Asesores Comerciales, presentaron un escrito ante ella, en noviembre de 2017, quejándose de las condiciones laborales y el
desempeño de su trabajo, lo que motivó una reunión de todos ellos, más algún otro Asesor que se incorporó al trabajo después de la presentación del escrito.
En la reunión estuvieron presentes el representante de los trabajadores en la empresa, la responsable de Recursos Humanos en materia de prevención de riesgos y el responsable de la zona norte, donde los trabajadores intentaron explicar sus quejas, tomando la palabra todos ellos.
El sindicato UGT presentó el 27 de diciembre de 2017, un escrito a la empresa en la que reiteraba las quejas previas de los Asesores Comerciales. El mismo sindicato presentó ante la Inspección de trabajo, el 19 de abril de 2018, una queja frente a la empresa.
Compareció la empresa cuando fue citada y la Inspección la requirió el 23 de julio, para que, antes del 30 de septiembre de 2018, elaborara y aportara la Evaluación de Riesgos Psicosociales del puesto de trabajo de Asesor Comercial del centro de trabajo de Asturias, así como la planificación de las actividades preventivas que sea necesario adoptar par neutralizar o minimizar los riesgos que se detecten.
Uno de los Asesores Comerciales que firmó el escrito de queja fue ascendido a Manager con posterioridad. Otro acudió a una convención en abril de 2018.
El 16 de enero de 2018, el empleado que fue despedido envió un correo a sus superiores solicitando que se volviera a incluir en su cartera a un cliente para poder cobrar las portas. El superior le respondió el mismo día que lo tenía por solicitado que era mejor tramitar las portas la semana siguiente. El actor contestó el día 17 que ya estaban tramitadas, que le urgían al cliente y que portaban el viernes, y añadió: “Si no me cuentas las portas ni quiero al cliente en mi cartera. No es normal que se venda algo a un cliente y te lo quiten sin pagártelo…..son unos caraduras”.
El 18 de enero de 2018 una responsable de la empresa requirió al trabajador, por correo electrónico, que enviara un formulario para una operación de un cliente, que él dijo desconocer; el mismo día alegó que no era su cliente y que el trámite debería hacerlo quien lo llevara en ese momento, siendo requerido nuevamente.
El 21 de febrero de 2018 tras dos correos de otro Asesor Comercial con su superior, con copia para varios, entre ellos el empleado, éste envió un correo con el siguiente texto:”Al final vamos a tener que hacerlo todo nosotros”.
El 6 de abril de 2018 el superior informó a todos los Asesores Comerciales, que el martes 10 tenían un curso por la tarde, para que lo incluyeran en su agenda. El actor envió un correo con el siguiente texto:”A las 3? Habrá que comer digo yo”.
El 26 de abril una superior del actor preguntó a su inmediato jefe porqué el actor no había hecho el contrato en el domicilio del cliente o porqué no se lo llevó firmado por el cliente; con ello, dice el correo, se estaba incumpliendo una directriz de la empresa.
El 2 de julio de 2018, la empresa notificó al actor la carta de despido por la indisciplina y la desobediencia en el trabajo, el abuso de confianza, la deslealtad y la falta de confianza que usted ha generado en sus responsables y por falta muy grave según la cláusula 54 (apartados 2, 4 y 7) del convenio colectivo de aplicación.
En primera instancia, el Juzgado de lo Social declaró improcedente el despido. El trabajador recurrió al entender que debía ser declarado nulo y ahora el TSJ le da la razón.
La sentencia del TSJ
El TSJ declara el despido nulo por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad.
La empresa alegaba que el trabajador no asumió un papel de representación en nombre de los demás ni habló en nombre de todos los empleados que se habían quejado en la reunión mantenida en noviembre de 2017, aunque sí hizo de intermediario en cuanto a la información entre el delegado y el comité intercentros en cuanto a las acciones realizadas por sus compañeros y sí usó los foros
internos permitidos para hacer sus manifestaciones (whatsapp, correos electrónicos).
Sin embargo, el TSJ entiende que estos hechos resultan de total importancia en relación con los indicios de represalia de la empresa al trabajador por el ejercicio personal y activo de sus derechos fundamentales y que las mismas tienen su apoyo en la carta de despido, la carta remitida por los trabajadores a la empresa, la carta remitida por los representantes legales de los trabajadores a la empresa y un correo electrónico remitido por el delegado de personal al empleador en que se pide que haga de intermediario con sus compañeros respecto a los correos remitidos por el comité intercentros.
Frente al criterio del Juzgado de lo Social, el TSJ entiende que al mismo dato objetivo de la reclamación y sus consecuencias ciertas para la empresa se suman como indiscutibles indicios la conexión temporal de aquélla con el despido del trabajador recurrente en unos términos que apuntan precisamente a una suerte de despido ejemplarizante ante la actitud reivindicativa del colectivo de trabajadores que suscribieron la reclamación y que, en definitiva, socava la garantía de indemnidad que el recurrente reclama.
Ante tales consideraciones, deja claro el tribunal, “no nos encontramos con meras sospechas o conjeturas acerca del móvil ilícito de la conducta del demandado, sino que cabe apreciar que el trabajador aportó indicios suficientes para apreciar razonablemente la existencia de la conducta vulneradora”.
Y la suficiencia de indicios determina la inversión de la carga probatoria, correspondiendo a la empresa acreditar la existencia de una justificación objetiva y razonable de su decisión, ajena a todo móvil atentatorio de derechos fundamentales que no ha acreditado.
La existencia de los indicios descritos y que no son contrarrestados por la empresa (el empleador) lleva necesariamente a que la calificación de la extinción del contrato de trabajo constitutiva de despido deba desplazarse hacia la nulidad por vulneración del derecho fundamental invocado.
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