Declarado improcedente el despido de una empleada que cometió irregularidades al quedar acreditado que su superior conocía y auspiciaba dichas irregularidades
El hecho de que un empleado cometa determinadas irregularidades no significa que el despido vaya a ser declarado automáticamente procedente. Un ejemplo es esta reciente sentencia de un TSJ en la que se declara la improcedencia del despido de una trabajadora que cometió varias prácticas fraudulentas, al quedar acreditado que su superior directo conocía las mismas (sentencia del TSJ de Castilla y León de 8 de noviembre de 2018, que remite a la jurisprudencia del TS en la materia).
El caso concreto enjuiciado
Una compañía había implantado un sistema de puntos y promociones para los clientes de sus tiendas (programa de fidelización).
El 22 de septiembre de 2017 la empresa tomó conocimiento de un presunto fraude en que estaban incurriendo los vendedores de alguna de sus tiendas al aplicar el programa de fidelización por lo que comenzó a investigar lo sucedido mediante el visionado de cámaras y la comprobación del sistema de ventas.
Consecuencia de dicha investigación, quedó acreditada la realización de prácticas fraudulentas y la compañía procedió a despedir disciplinariamente a varios de los trabajadores de la tienda.
En concreto, el 22 de diciembre de 2017 la empresa notificó a la empleada objeto de esta sentencia su despido disciplinario, con efectos de esa fecha, como consecuencia de un incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones profesionales tipificado como falta muy grave en el art. 36.3 del convenio del sector, en relación con el art. 54 d) del Estatuto de los Trabajadores, que recoge el fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas.
En la carta de despido se le atribuía a la trabajadora el ser plenamente conocedora de que ciertos vendedores estaban realizando un uso ilícito de números de identificación del programa de fidelización por recomendación de Bernardo (encargado del programa de fidelización desarrollado por la empresa).
Describía la carta que, tomado conocimiento por una compañera que era una práctica ilícita, el 1 de septiembre de 2017 dio la orden a la plantilla de que la abandonaran pese a lo cual con posterioridad y aun sospechando que se seguía llevando a cabo ante lo elevado del número de transacciones, su actitud fue pasiva;.
Esa pasividad, entendía la empresa, quedó acreditada en que la trabajadora ni recurrió a revisar el circuito cerrado de televisión y el sistema central office, ni puso los hechos en conocimiento de sus superiores hasta que fue consultada al efecto, una vez detectado el fraude.
La sentencia
Tanto el Juzgado de lo Social como el TSJ de Castilla y León declaran la improcedencia del despido.
En su sentencia, el TSJ recuerda en primer lugar que las infracciones que tipifica el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores para erigirse en causas que justifiquen la sanción de despido han de alcanzar cotas de culpabilidad y gravedad suficientes, lo que excluye su aplicación bajo meros criterios objetivos.
Y en este caso, entiende el TSJ, no hay en lo descrito en la carta rastro alguno de gravedad y culpabilidad en la conducta de la recurrida.
En primer lugar, la trabajadora, ante sus sospechas por la irregularidad de la práctica, consultó inicialmente al encargado designado por la empresa para la puesta en marcha del programa y, manteniendo las mismas sospechas ante nuevas informaciones recibidas, no ya de la empresa, sino de otros trabajadores, volvió a preguntar al mismo encargado, que insistió en su ejecución.
No se desprende por tanto de lo expuesto conducta intencional o culposa y, menos aún, fraudulenta, sino, por el contrario, un proceder prudente y respetuoso con el ámbito funcional y jerárquico establecido por la empresa.
La trabajadora recibió instrucciones por dos veces de quien estaba habilitado por la recurrente para darlas, en un sentido favorable a la práctica que luego la propia empresa calificó como fraudulenta, creando con ello una confianza inicial en su regularidad (o, al menos, creando dudas razonables sobre la misma) que atenúa la gravedad y culpabilidad del comportamiento.
Como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1986, con cita de otras de 28 de enero y 27 de marzo de 1984, “los usos aceptados y consentidos por quien en la empresa puede y aún debe corregirlos y que suavizan el estricto cumplimiento de las normas emanadas de la dirección suprema, degradan sin duda tanto la gravedad como la culpabilidad que, sin ellos, pudiera atribuirse a la infracción contractual”.
Tales usos o actos son los que en el presente caso concurren, razona la sentencia del TSJ, y los mismos no solo fueron consentidos y avalados sino incluso incentivados por quien fue designado por la empresa como responsable del programa.
Por todo ello, se declara la improcedencia del despido.
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