Covid-19: "Tirón de orejas" de la AN a un sindicato en torno a un ERE por demanda temeraria abocada al fracaso
Covid-19: “Tirón de orejas” de la Audiencia Nacional a un sindicato en forma de sentencia (en un caso de despido colectivo, ERE) por demanda temeraria “inexoerablemente abocada al fracaso”.
Se impone al sindicato una sanción de 1.000 euros por temeridad (sent. de la Audiencia Nacional de 31 de marzo de 2021).
Razona la sentencia de la Audiencia Nacional que a raíz de la pandemia ocasionada con ocasión del COVID 19, amén de haber estado prácticamente paralizadas las actuaciones judiciales durante casi tres meses ha crecido vertiginosamente la conflictividad laboral en el orden social de la jurisdicción.
Esto hace que “resulte reprochable que se presenten demandas que inexorablemente estén abocadas al fracaso, máxime cuando las mismas se han de tramitar por modalidades procesales a las que la ley otorga preferencia sobre otras, dilatando en el tiempo la tramitación de las mismas”.
El caso concreto enjuiciado
Un sindicato interpuso demanda para solicitar se dictase sentencia en la que se declare la nulidad del Acuerdo de Expediente de Regulación de Empleo de fecha 14 de febrero de 2020.
Alegaba el sindicato que se había celebrado en Fraude de Ley y vulnerando el artículo 28.2 de la Constitución Española
En sustento de su pretensión expuso que el día 15 de enero de 2020, se procedió a la constitución de la Comisión Negociadora del Despido Colectivo planteado por la empresa, iniciándose el periodo de consultas.
Se celebraron reuniones en fecha 21 y 29 de enero, 4, 11 y 14 de febrero alcanzándose acuerdo en esta última
reunión.
Refirió igualmente que en fecha 13-2-2.020 por parte del sindicato se procedió a la convocatoria de una huelga motivada por la falta de documentación e información por parte de la empresa.
El letrado de la empresa se opuso a la demanda solicitando se dictase sentencia desestimatoria de la misma solicitando sanción por temeridad.
La defensa de la empresa esgrimió la excepción de caducidad de la acción pues el acuerdo se alcanzó el 14 de febrero de 2.020 y la demanda no se interpone hasta el 17-9-2.020.
UGT se opuso a la demanda adhiriéndose a la caducidad de la acción.
CCOO se opuso a la demanda adhiriéndose a la excepción de caducidad, no así a la petición de temeridad.
CGT se adhirió a la demanda.
3 motivos para apreciar temeridad
La AN desestima la demanda interpuesta por el sindicato y se impone además al sindicato una sanción pecuniaria de 1.000 euros al apreciarse temeridad en su demanda
En el caso concreto enjuiciado, la Audiencia Nacional aprecia temeridad en la demanda formulada por el sindicato por estos 3 motivos:
1º.- Se formula en fecha extemporánea, existiendo una consolidada doctrina jurisprudencial que establece que la acción de impugnación de despido colectivo está sujeta a plazo de caducidad.
En este sentido, razona la AN que ya se tome como fecha del comienzo del plazo de caducidad la fecha del acuerdo- 14-2.2020-, o bien la fecha en que el sindicato demandante tuvo cabal conocimiento de que las contratas con (…) no iban a serrenovadas- 9-7-2.020-, lo cierto es que la demanda que fue presentada el día 17-9-2.020 habiendo transcurrido con creces el plazo de 20 días a que se supedita la acción de impugnación de despido colectivo.
2º.- Con relación a la supuesta vulneración del derecho de huelga se narran en la demanda unos hechos manifiestamente contrarios a la realidad pues se omite deliberadamente que el inicio de la huelga se fijó el día 21 de febrero de 2.020 y que si la misma no comenzó el día 15 de dicho mes y año, no fue por decisión empresarial alguna sino por cuanto que los convocantes se percataron que la huelga afectaba a servicios esenciales para la comunidad.
3º.- A raíz de la pandemia ocasionada con ocasión del COVID 19, amén de haber estado prácticamente paralizadas las actuaciones judiciales durante casi tres meses ha crecido vertiginosamente la conflictividad laboral en el orden social de la jurisdicción.
Esto, entiende la AN, hace que resulte reprochable que se presenten demandas que inexorablemente estén abocadas al fracaso, máxime cuando las mismas se han de tramitar por modalidades procesales a las que la ley otorga preferencia sobre otras, dilatando en el tiempo la tramitación de las mismas.
Por todo ello, se impone a USO una sanción de 1.000 euros.
