Cobrar parte del sueldo en negro permite solicitar la extinción indemnizada del contrato (TS 18 de junio 2020)
Nóminas: cobrar parte del sueldo en negro justifica poder solicitar la extinción indemnizada del contrato (sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2020, en unificación de doctrina).
Hay que recordar que la extinción indemnizada del contrato permite al trabajador ser indemnizado con la cuantía correspondiente al despido improcedente.
NOTA: Aunque ya anticipamos esta sentencia en nuestro blog (basándonos, como explicamos en la noticia, en el comunicado de prensa del CGPJ) ahora analizamos la sentencia en profundidad tras tener acceso a la misma.
El caso concreto enjuiciado
Los tres demandantes vienen prestando sus servicios como peones agrícolas (desde 1993 o 1997), con carácter fijo discontinuo.
Cada uno de ellos percibía “una cantidad en nómina y otra en sobre (en negro)”. Además, “al finalizar cada periodo
trabajado, la empresa emitía unos finiquitos que luego no se cobraban”.
En enero de 2016 los trabajadores presentan demanda instando la extinción indemnizada de su relación laboral.
Mediante su sentencia 217/2016 de 11 abril (proc. 62/2016) el Juzgado de lo Social nº 3 de Huelva estima la demanda y declara extinguida la relación laboral de los tres trabajadores, fijando la indemnización correspondiente para cada uno de ellos.
Para llegar a su conclusión subraya el tenor de las pruebas testificales practicadas, la “injustificada incomparecencia” del representante legal de la empresa y la existencia de “fotocopias de pagarés y otros documentos que se entregaban a los trabajadores en pago de sus servicios”.
Considera que los hechos se subsumen en la previsión del artículo 50.1.c ET.
Recurre la empresa ante el TSJ, y éste le da la razón: STSJ Andalucía (Sevilla) 3412/2017 de 22 de noviembre (rec. 490/2017).
El TSJ estima el recurso de la mercantil porque el incumplimiento contemplado legalmente “ha de referirse, concretamente, a los deberes que tiene con el trabajador y no a otros incumplimientos que, sin perjuicio de ser graves, desplegarán las consecuencias jurídicas que deriven de su actuación”.
La defensa de los trabajadores interpone recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.
Se discute, razona el TS, si procede la extinción causal del contrato de trabajo cuando la empresa abona una parte de las retribuciones sin declarar ante los organismos competentes de la seguridad Social y de la Hacienda Pública.
La sentencia del Supremo
El Tribunal Supremo entiende que sí y confirma la sentencia 217/2016 de 11 abril (proc. 62/2016), dictada por el Juzgado de lo Social nº 3 de Huelva.
Para el contraste legal el recurso analiza la STSJ Asturias 758/2016 de 12 abril (rec. 364/2016).
En ese caso, el trabajador venía prestando servicios para la demandada, percibiendo un salario mensual de 1.600 €, pero 600 € netos mes se le abonaban fuera de nómina.
Razona el TSJ de Asturias que incumplir la obligación de cotizar genera graves perjuicios al trabajador a la hora de obtener prestaciones de la Seguridad Social y del FOGASA.
Además, existe un claro desequilibrio y desigualdad entre los beneficios que el actor ha podido obtener del abono en B de una parte del salario y los beneficios obtenidos por la empresa.
No puede considerarse que el consentimiento del trabajador a no cotizar una parte del salario sea por completo libre y voluntario; y que el empresario está obligado a documentar todo el salario que abone al trabajador y es sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotización.
Por tanto, razona esta sentencia, la gravedad de la conducta deriva de la importante diferencia existente entre el salario real abonado y el cotizado, así como de la prolongación de esa anomalía.
El Tribunal Supremo efectúa un amplísimo repaso por la jurisprudencia existente en torno a la extinción indemnizada del contrato: cuándo procede y cuándo no, requisitos, cuándo se da la persistencia y gravedad necesarias…
Analizando toda la jurisprudencia, el TS determina lo siguiente:
La ausencia de reclamación por parte del trabajador ante los incumplimientos empresariales no ha sido considerada como motivo que enerve la concurrencia de la causa resolutoria.
La obligación de cotizar ( art. 18 LGSS) no es genérica, sino que se corresponde con las bases definidas
por la Ley ( art. 19 LGSS).
La base de cotización viene constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado, o la que efectivamente perciba de ser esta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena ( art. 147.1 LGSS).
Si la empresa oculta parte de las remuneraciones no solo desarrolla una conducta administrativamente sancionable ( art. 23.b LISOS) sino que también perjudica a quien trabaja pues la mayoría de las prestaciones económicas se calculan en función de lo previamente cotizado ( art. 161 LGSS).
Ese perjuicio proyecta sus efectos también sobre eventuales recargo de prestaciones ( art. 164 LGSS) o prestaciones a cargo del Fondo de Garantía Salarial ( art. 33 ET), entre otros aspectos.
La eventual conformidad de quien trabaja con esa conducta elusoria de las obligaciones hacia la Seguridad Social y la Hacienda Pública es inocua desde la perspectiva de la existencia de un incumplimiento.
Los artículos 3.5 ET y 3 LGSS neutralizan el valor de los actos de disponibilidad en tales casos.
La obligación de cotizar, de detraer la cuota obrera pesa sobre el sujeto pagador, no otro que la empresa ( art. 142 LGSS) y son nulos todos los patos que alteren la base de cotización legalmente definida ( art. 143 LGSS).
Que no conste en los recibos de salario la cantidad realmente percibida no solo es conducta sancionable ( art. 7.3 LISOS) sino que dificulta la consecución de la finalidad perseguida por la Ley al establecer esa obligación documental.
En el presente caso, sin ir más lejos, buena parte de la actividad judicial ha debido dedicarse a esclarecer la retribución correspondiente a quienes demandan, precisamente por tal anomalía.
En suma, concluye el TS:
- La ocultación documental de una parte del salario y a lo largo de un periodo muy dilatado;
- El incumplimiento del deber de cotizar a la Seguridad Social con arreglo a lo previsto legalmente; y
- La obtención de documentos de finiquito firmados pero que no se abonan
son claras manifestaciones de grave incumplimiento de las obligaciones empresariales. Por ello, procede la solicitud de extinción indemnizada del contrato.
