El Supremo reitera doctrina: la sanción por cesión ilegal de trabajadores a través de ETT es infracción muy grave (no solo grave)
El Tribunal Supremo se ha vuelto a pronunciar sobre la sanción en caso de cesión ilegal de trabajadores en el marco de un contrato de puesta a disposición a través de una ETT: infracción muy grave (STS de 20 de marzo de 2024, reitera doctrina; desestima recurso de una empresa).
El caso concreto enjuiciado
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana dictó sentencia el 1 de marzo de 2022, en el proceso de impugnación de actos administrativos en materia laboral,
seguido bajo el número 31/2021, desestimando la demanda presentada por la empresa frente a la resolución de 21 de septiembre de 2021, de la Consejería de Economía Sostenible de la Comunidad Valenciana, por la que se le imponía una sanción de 187.515 euros, por incurrir en la infracción (por cesión ilegal) tipificada en el art. 8.2 de la LISOS.
Recurre la empresa al Tribunal Supremo y se desestima su recurso.
La sentencia del Supremo: cesión ilegal de trabajadores a través de ETT. Infracción muy grave
El TS desestima el recurso.
En primer lugar, la sentencia de instancia considera que está acreditada la existencia de una cesión ilegal en los contratos de puesta a disposición, mediante el encadenamiento de contratos de forma continua, sin causa temporal justificada y para cubrir necesidades permanentes de la demandante, y que ésta no ha cuestionado, existiendo sentencias firmes que así lo han declarado, incluidas de la propia sala.
Por ello, partiendo de la doctrina de esta Sala que reproduce, confirma la adecuada tipificación de la conducta y la sanción impuesta a tal efecto.
En primer lugar, recordar que, en relación con el art. 43 del ET, sobre cesión ilegal de trabajadores y al margen de la evolución legislativa que dicha figura haya tenido a lo largo de los diferentes textos legales, incluido el ET de 1980 y la Ley 8/1988, así como la producida a raíz de las normas que cita la parte recurrente (RDL 18/1993 y también la Ley 10/1994, en las que, por cierto, también se indicaba que
“Los empresarios que infrinjan lo señalado en el apartado anterior responderán solidariamente de las obligaciones contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso penales, que procedan por dichos actos”), siempre se ha mantenido el régimen de responsabilidades que nos encontramos en la actualidad.
Cuestión distinta será establecer si, como sostiene la parte recurrente, si la conducta de la empresa aquí recurrente escapa del tipo del art. 8.2 de la LISOS y hay que reconducirlo al que ella entiende aplicable, art. 19.2 b) de dicho texto.
Pues bien, razona el TS que ya se ha pronunciado sobre esta cuestión (infracción muy grave y no solo grave)
“Esta Sala ha dado respuesta a la cuestión suscitada y resuelta en la sentencia recurrida en la STS 323/2021, de 27 de abril (rcud 2935/2020), STS 595/2022, de 29 de junio (rcud 749/2019) y la STS 1206/2021, de 2 de diciembre (rcud 4701/2018) que, por elementales razones de seguridad jurídica, debemos mantener al no presentarse elementos novedosos que pudieran provocar otra decisión”
La LISOS, en la Sección destinada a las infracciones en materia de ETT y empresas usuarias, destina el art. 18 a las correspondientes a la ETT y el art. 19 a la empresa usuaria, calificando sus apartados 2 c) y 2 b), respectivamente, “Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los previstos en el artículo 6.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio”.
Con este marco normativo, la doctrina que se recoge en las sentencias de esta Sala que hemos identificado anteriormente, viene a decir que el legislador:
-Ha dispuesto que la cesión temporal de trabajadores solo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal, siempre que estén debidamente autorizadas y actúen en los términos establecidos legalmente.
Igualmente, ha tipificado como falta muy grave la cesión ilegal en los términos prohibidos por la legislación vigente, aunque autoriza que exista cesión cuando se efectúe por medio de ETT debidamente autorizada, siempre y cuando lo hagan en los términos legalmente establecidos, por lo que ” cuando la empresa de trabajo temporal ceda trabajadores a la empresa usuaria sin respetar los términos establecidos legalmente, también se producirá cesión ilegal de trabajadores, lo que constituye una falta muy grave, de conformidad con el art. 8.2 LISOS, que sanciona como tal a la cesión ilegal de trabajadores, fueren quienes fueren sus responsables”.
Y deja claro el Supremo que “el que en el art. 8 de la Ley 14/1994, regule determinados supuestos que no pueden ser objeto del contrato de puesta a disposición no significa que las empresas usuarias no puedan incurrir en una cesión ilegal y menos que existiendo ésta se entienda que es válido el citado contrato o que, simplemente, se ha incurrido en un mero defecto sobre su objeto”
Por todo ello, se desestima el recurso de la empresa.
