Boicotear las máquinas de vending justifica la procedencia del despido de los representantes de los trabajadores (licitud de cámara oculta)
Interesante sentencia de un TSJ que determina la procedencia del despido de varios trabajadores que causaron daños a las máquinas de vending al no estar de acuerdo con el cambio de proveedor efectuado por la empresa.
Los trabajadores despedidos eran representantes de los trabajadores (se abrió el correspondiente expediente contradictorio).
En su sentencia (TSJ de Cataluña de 2 de marzo de 2021), el TSJ revoca la Sentencia dictada por el Juzgado Social nº 14 de Barcelona (declaró la improcedencia) y determina la declaración de procedencia de los despidos.
La conducta llevada a cabo por los trabajadores, consistente en causar de forma intencionada daños a las máquinas de vending reviste los caracteres de gravedad y culpabilidad necesarios para justificar el despido.
Se utiliza como pruebas las imágenes de una videocámara y la prueba de detectives. Se admite el uso de cámara oculta y se descartar la ilicitud en la obtención de la prueba vinculada al incumplimiento del deber de información previa.
El equipo fue instalado el día 27 de mayo y retirado el 29 de junio de 2018, constando acreditado que enfocaba
exclusivamente a las máquinas de vending ubicadas en la zona de vacío, sin enfocar el resto de la sala, como
tampoco a las personas que no se acercaban a las máquinas expendedoras, sin grabación de sonido.
Entiende el TSJ que consta acreditada la concurrencia de razones legítimas para justificar la medida, que es proporcionada e idónea.
El caso concreto enjuiciado
En fecha 02-08-2018, tres trabajadores recibieron comunicación escrita de la empresa, en la que se procedía a su despido por causas disciplinarias, con efectos desde dicho día, en virtud de de lo previsto en los artículos 16.c) y 17.c) del Anexo 11 de Convenio colectivo y art 54.2 d) ET.
En dichas cartas se les imputa, en esencia, como causa de despido a cada uno de los trabajadores causar daños intencionados a las máquinas de vending.
En las cartas de despido referidas se indicaba además que el informe del instructor se fundaba además en la
denuncia de la empresa de vending a los Mossos d`Esquadra, en un informe de una agencia de detectives privados
y de la entrevista a los jefes de turno y de área de los días en que sucedieron los hechos.
Esas actuaciones no figuraban en el expediente contradictorio como puestas en conocimiento de los trabajadores.
Se afirmaba además, en las referidas cartas de despido, que la empresa (…) que anteriormente prestaba el servicio de vending conforme lo pactado con el Comité de Empresa otorgándole a éste una contraprestación económica, tras cambiar la realización del servicio y prestarlo en las condiciones pactadas con la dirección de la empleadora, había denunciado desde mediados de mayo del año 2018, vía correo electrónico diversos daños en las máquinas de vending.
Además, la empresa había constatado la sustracción de la recaudación del algunos días.
La empresa de vending encargó una investigación a una agencia de detectives, lo que comunicó a la empresa y esta
autorizó, centrando su actuación en las máquinas que habían sufrido incesantes daños situadas en la sección de vacíos y que igualmente por la empresa de vending “se nos requiere la oportuna autorización para la instalación de una cámara de grabación, a lo que la dirección de la compañía muestra su debida aquiescencia, al sostener que es
una medida idónea, proporcional y necesaria por los hechos discurridos”.
Las cartas de despido fueron notificadas al Comité de Empresa el día 03-08-2018
La agencia de detectives instaló una cámara el día 27 de mayo de 2018 enfocando exclusivamente a las máquinas de venta de la sala de vacíos, dedicada a comedor, que no grababa la voz, sin enfocar al resto de la sala ni a las personas que no se acercaban a las máquinas; la cámara fue retirada el día 29-06-2018.
Las grabaciones pasaban al disco duro del equipo y de allí el investigador pasó a un pen drive las imágenes utilizadas como causa de despido y la entregó a su cliente Selecta (testifical del detective)
La empresa interpuso una denuncia ante los Mossos dEsquadra en fecha 11-07-2018, sobre los hurtos y deterioros de las máquinas, aportando el informe elaborado por el detective y un pen drive con los registros de la cámara.
En primera instancia se declara la improcedencia de los despidos. Recurren tanto los trabajadores afectados, pidiendo la nulidad, como la empresa.
La sentencia del TSJ
El TSJ da la razón a la empresa, revoca la declaración de improcedencia y determina que, dada la gravedad de los hechos, los despidos deben ser declarados procedentes.
Respecto a la declaración de nulidad por uso de cámaras ocultas, lo descarta el TSJ apelando a la sentencia del TEDH de 9 de enero de 2018.
Conforme a lo dispuesto por el TEDH, se hace necesario analizar el alcance de las grabaciones efectuadas y grado de intrusión, tomando en consideración el área en que se efectúan las grabaciones, limitaciones de tiempo y espacio, número de personas que tienen acceso a los resultados, solidez y trascendencia de las razones alegadas por la empresa para justificar la implantación de ese control y alcance del mismo, así como si se trata de una medida idónea y adecuada para la finalidad perseguida.
Y en este caso, razona el TSJ que se ha acreditado la proporcionalidad e idoneidad de la medida:
Así, consta acreditada la concurrencia de RAZONES LEGÍTIMAS para justificarla medida, por cuanto, no estamos
ante la presencia de meras sospechas sobre la existencia de actuaciones ilícitas, sino que el punto de partida es la constatación fehaciente de la causación reiterada en el tiempo de daños intencionados a las máquinas de vending.
Por tanto, consideramos absolutamente legítimo el interés de la empresa en determinar quién o quiénes son los autores de dichos daños, interés encaminado a identificar a los responsables, así como a la protección de sus bienes y del buen funcionamiento de los mismos.
Por lo que respecta al GRADO DE INTRUSIÓN de la medida aplicada, se trata de una vigilancia limitada en lo que
respecta a las zonas y personal objeto de la misma, por cuanto el equipo se instala exclusivamente en la zona de vacío, en la que están ubicadas las máquinas de vending, y cubre exclusivamente el enfoque de dichas máquinas, sin abarcar el resto de la sala, y sin enfocar más que a las personas que hacen uso de las mismas.
Por tanto, desde el punto de vista de ESPACIO CONTROLADO se respeta una adecuada proporcionalidad con el fin perseguido, existiendo una captación limitada y circunscrita a ese espacio en concreto, sin grabación de conversaciones, de ahí que se aprecie respetado el grado de razonabilidad exigible.
En cuanto a la valoración del ALCANCE TEMPORAL DE LA MEDIDA, consta que se desarrolló a lo largo de un mes, de 27 de mayo a 29 de junio de 2018, cesando tan pronto como pudo contarse con imágenes suficientes, por lo que no parece una duración excesiva en cuanto a la finalidad perseguida.
En cuanto a los hechos, dada la gravedad y al haber sido acreditados, cabe declarar la procedencia de los despidos.
La conducta llevada a cabo por los trabajadores, consistente en causar de forma intencionada daños a las máquinas de vending, reviste los caracteres de gravedad y culpabilidad necesarios para la adecuada valoración de una infracción laboral determinante de despido.
En cuanto a la postura de los trabajadores al respecto de los hechos enjuiciados, que se ha centrado en defender que deben analizarse en el contexto de la existencia de un conflicto, relacionado con la gestión de ese servicio de máquinas expendedoras y empresa que debía llevarla a cabo, esto no justifica, razona el TSJ, actos violentos.
No es posible compartir la línea argumental que en su defensa efectúan los trabajadores, puesto que, con independencia de que su finalidad fuese o no la obtención de productos sin abonar el precio correspondiente, no cabe duda alguna de que nos hallamos ante actos de violencia absolutamente injustificados, contra bienes de una empresa contratada para suministrar un determinado servicio.
Y en este sentido, concluye el TSJ, la disconformidad de los trabajadores con la atribución del servicio a otra empresa no pueda justificar actuaciones como las descritas en la carta de despido.
