5 claves sobre el Canal Ético o Canal de Denuncias de la Ley de Informantes
A la espera de la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que sigue pendiente, todas las empresas a partir de 50 personas trabajadoras ya tendrían que tener implantado un Canal Ético (o Canal de Denuncias) en cumplimiento de la denominada “Ley de Informantes”.
Ayer analizamos esta cuestión y la importancia de su cumplimiento en un webinar organizado por Link Solutions y en el que participaron Estela Martín, Abogada de Sincro, y Laura Martín, Key Account Manager en Link Soluciones.
Destacamos estas cinco cuestiones (Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción):
1. Empresas obligadas a tener el Canal de Denuncias
Todas las empresas cuya plantilla sea igual o superior a 50 personas trabajadoras ya tendría que tener implantado el Canal Ético (el plazo para hacerlo expiró el 1 de diciembre de 2023).
Además, hay que tener en cuenta que el art. 10 de la Ley de Informantes establece expresamente que hay empresas obligadas a tener el Canal aunque no lleguen a la cifra de 50 personas trabajadoras como es el caso (entre otros) de empresas que operen en el ámbito de servicios, productos y mercados financieros o prevención del blanqueo de capitales.
2. Canal de denuncias + Sistema interno de información
Las empresas deben tener presente que aunque se tiende a hablar únicamente del “canal de denuncias”, la Ley establece dos obligaciones:
- Sistema interno de información: la primera obligación es que la empresa tiene que habilitar un sistema interno de información; y
- Canal de denuncias: dentro de ese sistema interno de información es donde debe integrarse el canal de denuncias.
3. Canal interno o externo
El canal puede ser interno o externo.
Ahora bien, si se hace internamente, la empresa deberá asegurarse de que cuenta con los medios y recursos necesarios y, sobre todo, con una persona o departamento con suficientes conocimientos como para gestionar de manera diligente el canal y el sistema interno de información.
4. Denuncias de acoso laboral: ¿Dentro del Canal Ético?
En opinión de SincroGO, las denuncias por acoso laboral (acoso sexual, acoso por razón de sexo, acoso moral..) realizadas por trabajadores de plantilla no deberían canalizarse a través del Canal Ético por diversas razones:
- Porque existe normativa laboral específica que obliga a las empresas a elaborar un protocolo frente al acoso y es en ese protocolo donde se debe consignar el canal de denuncias específico para estos supuestos
- Porque muchos convenios ya regulan expresamente cómo debe ser el procedimiento frente al acoso y establecen unos plazos determinados, cómo debe ser la comisión instructora (composición, tramitación del expediente…); hay convenios que establecen un procedimiento informal y otro formal para supuestos más graves…
- Cuestión distinta es que sí se pueda utilizar el Canal Ético para denunciar supuestos de acoso en el caso personas que no forman parte de la plantilla de la empresa (p.ej. candidatos a un proceso de selección que consideren haber sufrido acoso).
5. Sanciones por incumplir las obligaciones de la Ley de Informantes
En el caso de las personas jurídicas, se establecen sanciones que pueden llegar hasta un millón de euros. En concreto:
Infracciones leves: cuantía hasta 100.000 euros en caso de infracciones leves
Infracciones graves: entre 100.001 y 600.000 euros e
Infracciones muy graves: entre 600.001 y 1.000.000 de euros (entre las infracciones muy graves está la de no tener implantado el canal ético cuando hay obligación de tenerlo)
Adicionalmente, en el caso de infracciones muy graves, la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., podrá acordar:
a) La amonestación pública.
b) La prohibición de obtener subvenciones u otros beneficios fiscales durante un plazo máximo de cuatro años.
c) La prohibición de contratar con el sector público durante un plazo máximo de tres años de conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.