Diferencias sobre indemnización reconocida en despido improcedente: el procedimiento adecuado es el de despido y no el ordinario (TS en unificación de doctrina)
El Tribunal Supremo acaba de sentenciar que en caso de que existan diferencias sobre la indemnización reconocida en despido improcedente, el procedimiento adecuado es el de despido, y no el ordinario (sentencia del TS de 23 de enero de 2019, en unificación de doctrina, y que reitera la doctrina de la sentencia del TS de 2 de diciembre de 2016).
El caso concreto
Consta acreditado que los demandantes -empleados de una entidad bancaria-, vieron extinguidos sus contratos en julio de 2014, al adherirse al programa de bajas incentivadas contemplado en el acuerdo de 8/10/2013 que puso fin a un expediente de despido colectivo finalizado con acuerdo tramitado en la entidad demandada.
Los trabajadores percibieron unas determinadas indemnizaciones y en la demanda reclaman las sumas de 2.863 € y 4.120,98 € en concepto de diferencias en el importe de las indemnizaciones por despido.
Ante la Sala de suplicación los empleados recurrentes discrepan de la decisión de instancia que declaró inadecuada la modalidad procesal elegida (procedimiento ordinario) para canalizar la pretensión relativa al incremento en la indemnización por despido.
Y tal motivo resulta estimado, con aplicación del criterio sentado en las SSTS de 4 de mayo de 2012, de 22 de enero de 2007 y de 30 de noviembre de 2010, por entender que cuando no se impugna la calificación del despido y el objeto litigioso se circunscribe a las discrepancias en la cuantía indemnizatoria, es adecuado el procedimiento ordinario -y noel de despido- para tramitar la acción ejercitada.
Es objeto del presente recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de septiembre de 2016, en la que, con estimación del recurso deducido por los actores, se anula la sentencia de instancia, declarando procedente el procedimiento ordinario para encauzar la pretensión rectora de las actuaciones.
La sentencia del Supremo
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la letrada, en nombre y representación de la entidad bancaria. Entre otros motivos, el Supremo argumenta lo siguiente:
– En este caso, a la vista de las circunstancias concurrentes, la Sala entiende que debe mantenerse la doctrina tradicional, lo que implica estimar el recurso con la declaración de que en este supuesto la controversia sobre el procedimiento a seguir debe resolverse en el sentido de que el adecuado es el proceso de despido.
– En primer lugar, la decisión es la más acorde con la doctrina tradicional de la Sala reiterada en el tiempo y que, no puede considerarse modificada. En efecto, como hemos venido sosteniendo de forma reiterada, el proceso ordinario es adecuado cuando la pretensión dirigida al cobro de la indemnización que deriva del acto extintivo se limita exclusivamente a la reclamación de una cantidad no discutida o que deriva de unos parámetros de cálculo sobre los que no existe discrepancia entre las partes.
Ahora bien cuando en el supuesto controvertido se pongan en cuestión la propia existencia de la indemnización o los elementos básicos para la determinación de la misma o la propia naturaleza de la indemnización debida o, como ocurre en el presente caso, la validez de cláusulas contractuales que resulten determinantes para la configuración de la indemnización, el único procedimiento adecuado es el de despido.
– En segundo lugar, en este caso nos hallamos ante un despido objetivo por causas económicas, sobre el que la empresa mantiene en todo momento su procedencia, y que se formaliza a través de una carta de despido en el que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53.b) ET , se pone a disposición del trabajador la indemnización legalmente prevista de 20 días de salario por año de servicio con el límite de doce mensualidades, indemnización que es recogida por el trabajador sin oponer objeción alguna.
Transcurrido con exceso el plazo de caducidad de la acción de despido, el empleado reclama una mayor indemnización, para lo que hace valer una cláusula de garantía otorgada por la entidad demandada cuya aplicación elevaría sensiblemente la indemnización. El valor de tal cláusula es discutido por la empresa que incluso niega su aplicabilidad en base a una revocación posterior de la misma.
En esas circunstancias, razona el Supremo, la cláusula afecta a elementos básicos de la propia extinción por causas objetivas puesto que implica, por una parte, a la propia cuantificación de la indemnización debida, aun contando con la procedencia del despido; y, por otra, a la regularidad de la propia decisión extintiva ya que una defectuosa puesta a disposición de la indemnización pudiera haber derivado en la improcedencia del despido.
Finalmente, la cuantía de la indemnización resulta relevante para la propia decisión de despedir y para el ejercicio de la opción sobre una hipotética readmisión.
– En tercer lugar, de lo expuesto se desprende que no estamos en presencia de una diferencia meramente aritmética ni ante una cantidad no controvertida que pueda analizarse al margen del acto jurídico del que dimana y trae causa. Al contrario, nos hallamos ante una controversia que afecta directamente a la propia decisión extintiva, que depende de la interpretación de una cláusula contractual -condición más beneficiosa cuyo análisis y valoración de su validez y vigencia no pueden realizarse al margen del acto extintivo que constituye el hecho básico sobre el que se proyecta la controvertida cláusula, lo que determina que sea el proceso de despido el adecuado para la resolución de los diferentes problemas que condicionan la determinación de la indemnización reclamada.
Por todo ello, el Supremo da la razón a la empresa.
