Avalado un ERE por Covid-19 en una empresa que incumplió el compromiso de mantener el empleo al existir concurso de acreedores
Del ERTE al ERE. Un TSJ ha declarado lícito un despido colectivo (ERE) acometido por una empresa (hotel) por causas relacionadas con la Covid-19 al existir concurso de acreedores (sent. TSJ de la Comunidad Valenciana de 22 de marzo de 2021).
En su sentencia, el TSJ determina que aunque es cierto que la empresa incumplió el compromiso de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, la Disp. Final primera del RD-ley 18/2020, de 12 de mayo introduce un apartado 4 con el siguiente tenor:
“No resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal”.
El caso concreto enjuiciado
La comisión negociadora de una empresa (hotel) interpone demanda solicitando la nulidad del despido colectivo efectuado en la empresa por causas económicas o , subsidiariamente, la declaración de que no es conforme a derecho.
Se alega que el cese (afecta a la totalidad de la plantilla) no es ajustado a derecho por estar basado exclusivamente en causas económicas y productivas relacionadas con la crisis sanitaria del COVID 19, estando prohibido por la normativa legal proceder a los despidos ( artículo 2 del RD Ley 9/2020).
Subsidiariamente debe considerarse no ajustada a derecho la medida extintiva.
La sentencia
El TSJ desestima la demnada y avala el despido colectivo acometido por la empresa al entender que han quedado acreditadas las causas y que la situación de concurso de acreedores exime el cumplimiento de la salvaguarda del empleo.
En cuanto a las causas que justifican el ERE, entiende el TSJ que han quedado acreditadas:
El hotel ha estado cerrado durante cuatro meses y el 17 de julio volvió a abrir al público, reincorporándose todos los trabajadores del ERTE.
A partir de la fecha del anuncio del estado de alarma se produjo una escalada de cancelaciones de reservas
y eventos que no se han podido recuperar…
Debido a la incertidumbre de la evolución de la pandemia son varias las razones a tomar en consideración para decidir iniciar un expediente de regulación de empleo de toda la plantilla para la liquidación y extinción de la empresa…
De esta forma, las causas que justifican la medida están relacionadas entre sí, tanto económicas como productivas, ya que la situación de resultados de la empresa y la ausencia de demanda de los servicios de alojamiento y restauración que ofrece el Hotel está reducidos a la mínima expresión.
Las pérdidas generadas desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2.020 han sido de – 119.455 € que frente al beneficio de 180.203 € obtenido hasta la misma fecha en 2019 hace que la caída sea de un 166%.
Ya solo en septiembre la caída de ocupación con respecto al mismo mes del año 2.019 es del 67%
En el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2.019 la empresa tuvo un beneficio de 180.203 euros.
En el mismo periodo del año 2.020 las pérdidas fueron de 119.455 euros.
Existen pérdidas en los tres trimestres anteriores a la adopción de la medida.
La tesorería de la empresa ha sufrido también un progresivo descenso desde el mes de septiembre de 2.020
La Inspección de Trabajo emitió informe en fecha 14 de enero de 2021.
En las conclusiones de la Inspección se hace constar, entre otros extremos, que ” con la documentación aportada queda justificada la existencia de pérdidas por la empresa en, al menos, los últimos trimestres previos a la
presentación de la medida”
“No se aprecia la concurrencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en el periodo de referencia”.
Instado procedimiento concursal se dictó Auto el 22 de enero de 2.021 declarando a la empresa en Concurso y concluyendo simultáneamente el mismo por insuficiencia de la masa, acordando la extinción de la sociedad.
El TSJ señala que como se hace constar en la Sentencia de esta Sala de 1 de diciembre de 2.020 (recurso 24/20) es cierto que la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto Ley 8/2020 establece para las empresas que han adoptado un ERTE por fuerza mayor al amparo del art. 22 del dicho Real Decreto Ley, como es el caso enjuiciado
“el compromiso de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad”
En el presente caso la empresa ha procedido al despido colectivo de los trabajadores que tenían suspendidos sus contratos de trabajo, sin mediar solución de continuidad entre dicha suspensión y la extinción de sus contratos.
Ahora bien, deja claro el TSJ, la disposición final primera del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo , de medidas sociales en defensa del empleo, modifica la disposición adicional sexta del Real Decreto Ley 8/2020 que establece el compromiso de mantenimiento del empleo e introduce un apartado 4 con el siguiente tenor:
“No resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.”
Y en el presente caso, concluye el TSJ, existía dicho riesgo como lo evidencia que el 30-6-2020 se presentase por… solicitud de preconcurso que correspondió al Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante y en fecha 21-8-2020 solicitud de concurso voluntario.
Por tanto, no resulta de aplicación en este caso el compromiso de mantenimiento del empleo derivado del ERTE que estaba vigente en la fecha de efectos del despido.
