Acoso laboral: El TSJ de Andalucía fija una indemnización de 25.000 euros por vulneración de derechos fundamentales a una trabajadora que sufrió acoso, aplicando los criterios de la LISOS
Acoso laboral. El TSJ de Andalucía ha dictado una sentencia en la que, aparte de ratificar la solicitud de extinción indemnizada del contrato (art. 50 del ET), condena además a la empresa (frente al criterio del Juzgado de lo Social) a abonar a una trabajadora víctima de acoso la cuantía de 25.000 € en concepto de indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales.
A la hora de fijar la indemnización por vulneración de derechos fundamentales, el TSJ utiliza el baremo de daños materiales establecido en la LISOS (sent. del TSJ de Andalucía de 18 de julio de 2019).
El caso concreto enjuiciado
El Juzgado de lo Social estimó la demanda de una trabajadora en materia de extinción contractual por acoso laboral al amparo del artículo 50 del ET, pero desestimó la demanda de tutela de derechos fundamentales.
La trabajadora recurrió la sentencia y ahora el TSJ de Andalucía falla a su favor y determina que efectivamente se ha producido una vulneración de derechos fundamentales.
En cuanto a los hechos por los que se avala la solicitud de extinción indemnizada del contrato de trabajo, figuran los siguientes:
– La empleada obtuvo con fecha 8-11-11 la reducción de la jornada laboral para cuidado de hijo.
Sus funciones eran las propias de su puesto de trabajo, siendo responsable de la venta de medicamentos, reposición de los mismos, llevanza de libro de estupefacientes, atención al público, parafarmacia. En la prestación de dichos servicios se encontraba asimismo el hermano del titular, C y el sobrino de ambos Cy , así como A.
-La trabajadora sufrió pisotones codazos e increpaciones por parte de Camilo , sin que tuviera conocimiento de ello E . Así en 2.016, en presencia de A y estando embarazada de seis meses fue zancadilleada por C, siendo además increpada con expresiones como “a ver si los medicamentos que faltaban en las bateas se metían entre sus mangas”.
-Asimismo C le abría las cajoneras para que tropezase, y le espetaba con frases como “lo que te ampara es la barriga que tienes”, y que “era una gamberra”. Todo ello fue corroborado por una testigo.
La trabajadora sufrió varios procesos de incapacidad temporal por ansiedad, calificada de enfermedad común, entre otros el de 11-4-17.
La empleada abortó de forma espontánea en 2.016.
La sentencia
El TSJ revoca parcialmente la sentencia de instancia en el sentido que, manteniéndose la extinción contractual (solicitud de extinción indemnizada al amparo del art. 50 del ET), se condena además al empresario demandado a abonar a la trabajadora la cuantía de 25.000 € en concepto de indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales.
Se invoca, por tanto, por la trabajadora (petición avalada ahora por el TSJ), la lesión de un derecho fundamental que no es otro que el de la integridad moral consagrada en el art. 15 CE precepto que, necesariamente, debe ser relacionado con la dignidad de la persona consagrada en el art. 10 CE.
En su sentencia, el TSJ entiende que los comportamientos que se han tenido en cuenta por el jugador de instancia para acceder a la solicitud de extinción contractual y que evidencian el objetivo de atentar contra la dignidad y que crean un entorno hostil e intimidatorio.
Se trata, por tanto, razona el TSJ, de una clara situación de acoso mantenida durante un tiempo prolongado, ejercido por trabajadores de la empresa, sobre la persona de la trabajadora, desarrollada en el lugar de trabajo, con la finalidad obvia de destruir sus redes de comunicación, perturbar el ejercicio de sus labores, minar su reputación y encaminada a que acabe abandonando el lugar de trabajo.
La empresa ha llevado a cabo un comportamiento que afecta directamente a la dignidad personal y a los sentimientos más profundos de la trabajadora, porque tal comportamiento no solo ha sido destructor, sino además, malintencionado, y ha tenido su origen en las relaciones interpersonales existentes en el seno de la empresa.
Por otro lado, el ataque a la dignidad se deriva de forma directa de la intencionalidad de causar el daño el cual, por sí solo, deja a la víctima en situación de clara desventaja respecto a sus compañeros, afectando a necesidades básicas del individuo, del ser humano, como son la necesidad de formar y sentirse parte del grupo , y la necesidad de que esta pertenencia sea respetada .
Resultan así afectados principios íntimamente unidos a la dignidad, como son la igualdad, y la solidaridad, en relación con los demás miembros del grupo humano que es la empresa. Todo ello sin olvidar las consecuencias físicas perjudiciales que pueden derivarse, constatadas en el presente caso en la baja laboral por ansiedad.
En definitiva, el comportamiento empresarial excede los límites de la simple causa resolutoria contemplada en los apartados a ) y c) del art. 50 del ET para atentar contra el derecho consagrado en el art. 15 CE en relación con el art. 10 CE , lesionando así el derecho a la integridad moral y, directamente relacionado con el mismo, como valor espiritual y moral inherente a la persona, la dignidad del trabajador, entendida ésta ( STCO 192/03 [ RTC 2003, 192]) “como el derecho de todas las personas a un trato que no contradiga su condición de ser racional igual y libre, capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y su entorno, esto es, la capacidad de “autodeterminación consciente y responsable de la propia vida” ( STC 53/1985 [ RTC 1985, 53],, así como el libre desarrollo de su personalidad ( art. 10.1 CE ).
Recordemos una vez más que “la regla del art. 10.1 CE , proyectada sobre los derechos individuales, implica que la dignidad ha de permanecer inalterada cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo, en consecuencia, un ‘minimum’ invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que las limitaciones que se impongan en el disfrute de derechos individuales no conlleven un menosprecio para la estima que, en cuanto ser humano, merece la persona” SSTC 120/1990, de 27 de junio ( RTC 1990, 120), F. 4 y 57/1994 de 28 de febrero ( RTC 1994, 57).
Cuantía de la indemnización: por qué 25.000 euros
En cuanto a la valoración de un daño que afecta a la integridad física de la persona, la traducción de la vida y de la integridad personal a términos económicos exige el establecimiento de unas pautas indemnizatorias suficientes en el sentido de ser respetuosas con la dignidad que es inherente al ser humano, debiendo atender mediante dichas indemnizaciones a la integridad de todo su ser, sin exclusiones injustificadas.
En este sentido, determina el TSJ, al no establecerse en la sentencia de instancia indemnización alguna por vulneración de derechos fundamentales la Sala considera adecuado acudir para la baremación de los daños materiales a lo establecido en la LISOS (RCL 2000, 1804 y 2136) ,siendo este uno de los criterios, que no el único, para la valoración económica y consiguiente cuantificación del daño ocasionado.
A este respecto, razona la sentencia, consideramos adecuada la indemnización adicional solicitada en su recurso por la trabajadora al estar integrada, conforme a los baremos anteriormente establecidos en la cuantía de 25.000 € integrada por:
a) como lucro cesante el importe de 5500 € como consecuencia de las cantidades dejadas de percibir durante el tiempo de baja de la trabajadora;
b) la cuantía de 14.500 € en concepto de perjuicios económicos derivados de 480 días de baja hasta la extinción contractual a razón de 30,15 €/día y
c) el importe de 5000 € en concepto de daño moral; cuantías que se ajustan a los parámetros razonables de indemnización según se contiene en los hechos probados de la sentencia de instancia.
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